La Contraloría General de la Nación estableció un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $4.161 millones por la compra del predio 'La Grosería' en Chimichagua, Cesar, por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

La compra se dio dentro de los procesos de adquisición de predios rurales destinados al Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral.

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El predio en mención estaba siendo ocupado por varias familias en condición de invasión, quienes habían levantado viviendas improvisadas dentro del inmueble.

Pese a tener conocimiento de este hecho, la ANT procedió a la compra, lo que generó que se detuvieran los operativos de desalojo en el inmueble.

Sin embargo, la Contraloría determinó con su análisis que la ANT viabilizó y ejecutó la compra de 'La Grosería' sin verificar la condición del suelo.

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) esas tierras son clases agrológicas VII y VIII, es decir, improductivas e inadecuadas para actividades agrícolas, pecuarias o forestales.

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"No cumple con los parámetros de aptitud y vocación productiva definidos en la normatividad agraria vigente, ni con la viabilidad técnica para su adquisición".