El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, visitó el Centro Transitorio de Reclusión Bellavista, en la ciudad de Cartagena, en donde pudo constatar que existe un nivel de hacinamiento de 480%. 

“La situación en el Centro de Reclusión Bellavista y en los centros de detención transitoria Los Caracoles y Caribe Norte es particularmente difícil; dado que cuentan con espacios para 20 detenidos y tienen más de cien personas, quienes viven en condiciones que van en contra de todo lo demarcado por la Corte Constitucional”, manifestó el Defensor del Pueblo. 

De acuerdo con los reportes presentados por la Policía, al 24 de junio, 300 personas estaban detenidas en 8 Centros de Reclusión Transitoria (CRT) en el área metropolitana de Cartagena, los cuales tienen capacidad para 90 detenidos. Es decir, se reporta un hacinamiento promedio de 233%. 

La situación es grave en el centro Bellavista, que teniendo capacidad para 20 detenidos alberga 116, con un hacinamiento de 480%. Un panorama parecido al del Caribe Norte que reporta 113 detenidos y un hacinamiento del 465%. 

En su visita para la verificación de la situación de derechos humanos, el Defensor también alertó sobre la deficiencia en servicios médicos, entrega de medicamentos y servicios odontológicos. 

"Pudimos constatar que no se garantiza de manera adecuada el servicio de alimentación y que, inclusive, los mismos familiares se ven en la obligación de proveer los alimentos. Además, las condiciones de infraestructura son inadecuadas y no se cumplen con las condiciones mínimas para vivir en reclusión", resaltó el Defensor. 

En la visita también constató que los centros transitorios de detención en Cartagena carecen de servicios públicos de agua, energía eléctrica, baterías sanitarias, lavamanos y duchas y que no se cumplen con las medidas para evitar la propagación de Covid-19.

Carlos Camargo hizo un llamado a las autoridades del orden local y nacional a que se avance en una solución real y de fondo que ponga fin a la situación que se replica a lo largo del país y que es insostenible.

"Los presos pierden la libertad, pero no la dignidad", puntualizó el Defensor del Pueblo.