En el Caribe hay una "profunda preocupación" por la decisión del Gobierno de aplazar los recursos para la APP Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique.

Esta medida, de acuerdo con expertos, "genera incertidumbre y podría acarrear consecuencias graves para su desarrollo y para las comunidades beneficiarias".

Manifestaron que resulta urgente y prioritario la suscripción de un acuerdo formal que garantice la continuidad financiera y operativa del proyecto, asegurando así la ejecución oportuna de las obras y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado.

Además, puntualizaron que se requiere con urgencia una fecha clara y definitiva para la reactivación de los recursos. 

"No puede correrse el riesgo de que este aplazamiento derive en una liquidación anticipada del contrato, lo que implicaría que la Nación deba asumir una millonaria indemnización, mientras la región queda sin las obras necesarias y persiste el pasivo ambiental derivado de la degradación de los ecosistemas", indicaron.

Para los expertos, es indispensable definir un nuevo esquema financiero que brinde certidumbre y estabilidad. 

"Si bien en el año 2025 no se requieren todos los recursos comprometidos —principalmente porque el propio Gobierno ha exigido un proceso de licenciamiento ambiental que difiere el inicio de la etapa de construcción—, la financiación debe estar garantizada a mediano plazo para evitar retrasos adicionales y permitir el avance ordenado del proyecto", sostuvieron.

"Debe asegurarse el mantenimiento de los recursos destinados a las intervenciones prioritarias. No resulta viable aplazar el 100% del presupuesto asignado para la presente vigencia, pues el concesionario tiene compromisos inmediatos como el dragado de mantenimiento para garantizar la navegabilidad del Canal, las obras de protección de orillas y las adecuaciones viales complementarias. La falta de estos recursos conduciría a la paralización de intervenciones esenciales, poniendo en riesgo la navegación y el control de sedimentación en cuerpos de agua estratégicos como la Bahía de Cartagena y la Ciénaga de la Virgen", añadieron.

Vigencias futuras

El proyecto está estructurado bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) para la “Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”. 

En 2022, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) presentó ante el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) la solicitud de aval fiscal y autorización del cupo de vigencias futuras necesarias para la ejecución de este proyecto. 

"Estas vigencias futuras respaldan el contrato suscrito entre la ANI y el concesionario, garantizando la cobertura de los gastos de operación y mantenimiento durante la etapa de preconstrucción, así como los pagos futuros correspondientes a las fases de construcción, operación, mantenimiento y reversión", indicaron los expertos.

Puntualizaron que el concesionario "tiene derecho a recibir la retribución económica por las actividades desarrolladas en esta primera fase, entre ellas el dragado, las labores de mantenimiento y las acciones sociales y ambientales".

"La no recepción oportuna del pago afecta la liquidez del proyecto, comprometiendo la continuidad de estas actividades y de las inversiones futuras, lo que repercute negativamente en su ejecución y desarrollo integral", señalaron.

El pago correspondiente al mes de junio de 2025, por valor de $492.381.049.209, debía efectuarse dentro del plazo contractual. 

"Vencido este, se otorgó un periodo adicional sin intereses hasta el 15 de agosto de 2025. A partir de dicha fecha, el monto comenzó a causar intereses moratorios, generando un impacto sobre el patrimonio de la Nación. A la fecha, el pago no se ha efectuado", manifestaron.

El proyecto

La APP Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), fue adjudicada el 7 de diciembre de 2022 a la sociedad Ecosistemas del Dique S.A.S., conformada por Sacyr Concesiones, y dio inicio formal a su ejecución el 1º de junio de 2023. 

Se trata de un megaproyecto social y ambiental sin precedentes, que beneficiará a más de 1,5 millones de habitantes en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre. 

Con una inversión estimada en 3,2 billones de pesos, el proyecto generará más de 60.000 empleos entre directos e indirectos, e incluye una inversión social superior a 340.000 millones de pesos, destinada a impulsar el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades ribereñas. 

Los beneficios serán tangibles una vez concluidas las obras, que comprenden una infraestructura multimodal concebida para la adaptación y mitigación del cambio climático, fortaleciendo la conectividad, la resiliencia ambiental y la seguridad hídrica del territorio.

Las intervenciones proyectadas buscan reducir significativamente los riesgos de inundación en la región, como los que se presentaron en el año 2010, contribuyendo así a la protección de vidas, ecosistemas y medios de subsistencia.