Gobernador Verano pidió a la ANI pagar deuda por $492 mil millones en proyecto del Dique
El mandatario sostuvo que una parálisis de obras afectaría el cronograma del proyecto y aumentaría el riesgo de inundaciones en las poblaciones de Atlántico, Bolívar y Sucre.
El gobernador Eduardo Verano pidió a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) pagar la deuda por $492 mil millones que acumula con Sacyr Concesiones, a cargo de las obras del megaproyecto del Canal del Dique.
"Hoy Sacyr tiene un atraso en sus pagos de más de 6 meses de casi 500.000 millones de pesos. Evidentemente, el contratista no va a poder ir al ritmo que requiere para terminar las obras a tiempo”, dijo.
El mandatario sostuvo que una parálisis de obras afectaría el cronograma del proyecto y aumentaría el riesgo de inundaciones en las poblaciones de Atlántico, Bolívar y Sucre.
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Verano manifestó que las deudas corresponden a obras de dragado, protección de orillas, intervenciones de manejo hidráulico, acciones sociales y ambientales con las comunidades ribereñas.
La principal preocupación es el riesgo de inundaciones y sequías. “Nosotros tenemos que cumplirle a ellos, a Sacyr, para que nos pueda cumplir a nosotros entregándonos las dos exclusas que son vitales para regular las aguas del canal del Dique”, mencionó el Gobernador.
Indicó que la falta de regulación afecta directamente a Cartagena por la exclusa de Puerto Badel que es fundamental para el suministro constante y permanente de agua a la ciudad.
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Por otra parte, dijo, a las comunidades ribereñas al incrementarse la vulnerabilidad de más de 1.5 millones de habitantes del sur de Atlántico, Bolívar y Sucre.
Y, por tercero, afectaría al ecosistema con la suspensión del dragado que compromete la estabilidad hidráulica, incrementando el deterioro la Bahía de Cartagena y la Ciénaga de la Virgen.
El Gobernador Verano instó a la ANI a convocar de manera urgente a una mesa de conciliación y acuerdo de pago con el acompañamiento de la RAP Caribe.
“El incumplimiento expone al Estado a riesgos jurídicos y financieros graves, incluyendo reclamaciones contractuales, procesos arbitrales, indemnizaciones millonarias y la posibilidad de una liquidación anticipada del contrato, lo que tendría consecuencias fiscales y patrimoniales desastrosas”, apuntó.