Camilo Romero, gobernador de Nariño, fronterizo con Ecuador y una de las zonas del país con mayor cantidad de cultivos ilícitos, aseguró que el Gobierno de Estados Unidos revocó su visa.

"Me quitaron la visa que me permitía entrar a Estados Unidos. Estaba invitado a la semana climática en Nueva York para exponer todo lo que hemos hecho en defensa del ambiente en Nariño: no al fracking, no al glifosato, sí a la sustitución de cultivos", indicó Romero en su cuenta de Twitter.

El gobernador acompañó el texto con una foto de la acreditación en la que aparece su nombre, como constancia de la que iba a ser su participación en la Cumbre de la Acción Climática que se lleva a cabo esta semana en Nueva York.

Además, en la imagen aparece una carta de los organizadores en la que agradecen la participación de Romero y le dan detalles de las actividades que se llevarán a cabo.

Un total de 77 países participaron este lunes en la Cumbre del Clima de la ONU, convocada por el secretario general António Guterres, en la que presentaron sus logros y proyectos para avanzar hacia un planeta libre de emisiones de gases contaminantes.

El pasado 19 de septiembre el gobernador fue acusado ante la Corte Suprema de Justicia por la Fiscalía General de la Nación por la presunta irregularidad en un contrato para la venta de aguardiente.

Según la Fiscalía, el costo del contrato fue de 18.000 millones de pesos (unos 5,2 millones de dólares).

El departamento de Nariño es hoy un polvorín por cuenta de la presencia de grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y narcotraficantes, entre ellos miembros de carteles mexicanos.

En esa región se ubica Tumaco, el segundo puerto en importancia sobre el Pacífico colombiano y que posee 23.148 hectáreas sembradas de coca, que corresponden al 16 % de las 146.000 hectáreas que hay en el país.

Para acabar con la coca Romero apoya la "sustitución concertada" y no el uso del herbicida glifosato ya que considera que "contamina" y es "costoso".

Por lo anterior, el gobernador radicó el pasado 18 de septiembre ante el Tribunal Administrativo de Nariño una acción popular para suspender la utilización del glifosato en las aspersiones aéreas.

En 2014 una sentencia de la Corte Constitucional colombiana ordenó la suspensión de las aspersiones aéreas luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyera al glifosato entre los plaguicidas que pueden causar cáncer en humanos.

A mediados de 2015, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) acató la sentencia del alto tribunal que dos años después emitió un nuevo fallo en el que estableció que sería posible reanudar las aspersiones aéreas si una investigación científica, de forma "objetiva y concluyente, demuestra ausencia de daño para la salud y el medio ambiente".

El glifosato se usa en Colombia para fumigar cultivos agrícolas y en diciembre de 2016 el CNE aprobó el uso del herbicida en la fumigación terrestre.

La decisión se tomó con base en un proyecto piloto ejecutado en los departamentos de Chocó y Nariño, fronterizos con Panamá y Ecuador, respectivamente.

En marzo pasado, por petición del presidente colombiano, Iván Duque, la Corte convocó una audiencia pública en la que escuchó al mandatario y otros representantes del Estado, así como a académicos, comunidades y al expresidente Santos, quienes expusieron sus opiniones a favor y en contra de retomar las aspersiones.

Esa audiencia fue uno de los elementos tomados en consideración por la Corte para mantener las restricciones fijadas en la sentencia de 2017 que, sin embargo, dejó en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes valorar toda la evidencia científica y técnica disponible frente a la "minimización de los riesgos para la salud y el medioambiente" por el uso del glifosato.

EFE