La Gobernación del Atlántico ejecutó un contundente operativo contra la defraudación de agua potable en la línea de conducción Achotera, tramo de la vía Sabanagrande-Polonuevo.

La jornada contó con el acompañamiento de la empresa Triple A, la Secretaría del Interior, la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía.

El gobernador Eduardo Verano fue enfático en señalar que el robo de agua es un obstáculo para el crecimiento económico y social y amerita acciones judiciales para quienes perforan los tubos con ciertas complejidades que afectan a las familias más necesitadas a quienes el preciado líquido termina por llegar sin fuerza o no llega.

“Desde la Gobernación del Atlántico estamos haciendo un esfuerzo enorme para llevar agua potable a las zonas rurales y con tristeza vemos como los pueblos se quejan de que hay problemas en el suministro de agua y es porque hay gente, finqueros que está tomando agua de nuestros ductos sin registrarse como un usuario de nuestro sistema de acueducto. La gente, los empresarios, sobre todo, deben retribuir el inmenso esfuerzo que se hace para producir agua de calidad. Si la quitan en la mitad del camino, las finanzas y el servicio sufren trastornos gigantescos”, afirmó el mandatario.

La visión de "lo sagrado" de la secretaria departamental de Agua Potable y Saneamiento Básico, Lady Ospina, fue el motor de la intervención. Para Ospina, estas acciones son la única respuesta posible ante una problemática que drena el agua de los sistemas regionales de la Gobernación.

“El agua potable es para la gente, no para urbanizaciones irregulares o negocios privados que la usan para llenar piscinas o regar cultivos a gran escala. Hemos solicitado a las autoridades que se unan a esta causa, porque si no hay capturas, extinción de dominio o sanciones económicas ejemplares, el robo se vuelve paisaje y eso no lo vamos a permitir”, advirtió la secretaria.

Tecnología y precisión técnica

El operativo requirió un despliegue masivo de recursos humanos y técnicos. El gerente general de Triple A, Ramón Hemer, informó que se movilizó un equipo de 31 funcionarios, que incluyeron nueve cuadrillas técnicas, especialistas en irregularidades y apoyo jurídico.

Las cuadrillas detectaron y anularon, mediante silletas ciegas y abrazaderas, seis puntos de conexión ilegal. Cinco de estos hallazgos correspondían a acometidas de alto impacto (2 pulgadas de diámetro) localizadas en proyectos urbanísticos y predios específicos:

• Proyecto San Martín.
• Reserva Campestre Los Robles y Proyecto Los Robles.
• Villa Ceci III y Villa Fátima.
• Predios sobre la trocha Achotal.

“Desde Triple A reiteramos nuestro compromiso con garantizar que el recurso hídrico llegue con la mejor calidad, caudal y presión a todos nuestros usuarios. Las seis acometidas ilegales que anulamos son una muestra clara de que la institucionalidad actúa con contundencia. En Triple A realizamos revisiones permanentes con equipos de última tecnología para hallar conexiones ilegales porque el agua que se pierde por un fraude es agua que deja de llegar a una familia, a una comunidad. Los usuarios que cumplen con sus compromisos no tienen por qué pagar las consecuencias de quienes no lo hacen”, afirmó Hemer.

Agua para la comunidad

La ingeniera Lina Mora, quien coordinó las actividades en terreno, destacó que en este tramo se han llegado a identificar pérdidas superiores a los 100 litros por segundo al día, lo que representa un golpe directo a la presión del servicio para las familias de la zona.

Con esta intervención técnica, Triple A estima un caudal recuperado de 30 litros por segundo, lo que se traduce en 78.000 metros cúbicos mensuales. Este volumen de agua es suficiente para robustecer el suministro del 60 % de la población de Polonuevo y garantizar que el líquido llegue con la presión adecuada a las zonas más altas de las cabeceras municipales de Polonuevo y Baranoa.

Blindaje institucional

El secretario del Interior del Atlántico, José Luque, confirmó que este operativo se suma a las 70 denuncias penales ya instauradas ante la Fiscalía por el delito de defraudación de fluidos.

“Estamos identificando reincidentes. Quienes insistan en reconectarse ilegalmente enfrentarán procesos judiciales más severos. El mensaje es claro: estos proyectos urbanísticos no cuentan con factibilidad de agua potable y vender lotes prometiendo el servicio es un engaño a la ciudadanía”, concluyó Luque. 

*Con información de Gobernación del Atlántico