La Gobernación del Magdalena se unió este jueves al pacto para la no repetición de violencias ejercidas dentro del conflicto armado del país contra diferentes organizaciones y líderes sociales.

El pacto fue firmado con la Comisión de la Verdad en acto que se cumplió en Barranquilla.

“Somos la única Gobernación que se comprometió con el pacto”, destacó el Secretario del Interior del Magdalena, José Humberto Torres.

Los fundamentos del pacto son los siguientes:

Pacto para la no repetición de violencias ejercidas en marco del conflicto armado, contra las comunidades, organizaciones étnico-territoriales, consejos comunitarios y personas afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras

En marco del “Diálogo social de no repetición: Ruta del Cimarronaje, en clave de esclarecimiento, reconocimiento, convivencia y no repetición, por las identidades urbanas y rurales de las comunidades negras Región Caribe”, facilitado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV)

Las Instituciones Garantes de los derechos de las comunidades, organizaciones étnico-territoriales, Consejos Comunitarios y personas afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras, víctimas del conflicto armado (Gobernaciones, Alcaldía, Ministerios, Unidad nacional de Protección, Unidad para la reparación de las víctimas, entre otras), el Ministerio Público (Defensoría, Procuraduría y Personerías), el Sistema de Verdad Justicia y Reparación (Comisión para el esclarecimiento de la verdad “CEV”, Justicia Especial para la Paz  “JEP” y  la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas “UNBPD”); los organismos internacionales y de cooperación que velan por  la realización de nuestros derechos como son  el Sistema de Naciones Unidas y las  Organizaciones que nos han acompañado  y el movimiento Social de mujeres del Caribe Colombiano (organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, de mujeres entre otras). 

Y reconociendo, en el marco de la Constitución colombiana, la Ley 70 de 1993 y sus artículos reglamentarios y de las convenciones internacionales inscritas en el bloque de constitucionalidad y las normativas nacionales de pertinencia,  

1. Que Colombia es un país pluriétnico y multicultural, reconocido por las Constitución Política Nacional en el artículo 7. “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. Artículo 8. “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. Que las víctimas de violencias individuales y colectivas de las comunidades étnico-territoriales, tienen derecho a la reparación integral y al restablecimiento de sus derechos” y que en coherencia con ello estableció el artículo transitorio 55, del cual se generó la Ley 70 de 1993; Decreto 4635 de 2011; Decreto 1320 de 1998; Decreto 1745 de 1995; Conpes 3784 de 2013; Conpes 161 de 2013; Conpes 173 de 2014; Auto 005/09. 

2. Que las comunidades, organizaciones étnico-territoriales, Consejos Comunitarios y personas afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras: 

I) Han sido afectadas por el conflicto armado de forma desproporcionada, en sus dimensiones colectivas, organizativas e individuales, en el Caribe colombiano.

II) Que los derechos colectivos al ser (Identidad) a un espacio para ser (territorio), al ejercicio del ser (autonomía, organización y participación), a una opción propia de futuro y a la solidaridad propia del pueblo negro, fueron y siguen siendo afectados por el conflicto armado en el Caribe Colombiano.

III) Han acompañado en la protección, apropiación y defensas de sus derechos, como pueblo negro y de manera enfática al derecho al territorio. Por tanto, es un actor legítimo para la concertación y dinamización del presente pacto.

Pactamos lo siguiente

1. Iniciar un proceso de diálogo y concertación a nivel municipal, departamental y regional orientado a la progresiva y razonable implementación de las propuestas contenidas en la proclama, anexa al presente como cuerpo del presente texto, de las comunidades, organizaciones étnico-territoriales, Consejos Comunitarios y personas afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras

2. Propiciar espacios de concertación con los entes territoriales y entidades gubernamentales y públicas con presencia en los territorios, para la pertinente articulación de puntos de la Proclama con la implementación de los respectivos planes de desarrollo, municipales, distritales y departamentales, estableciendo las iniciativas y/o proyectos que anualmente se podrán formular y materializar desde el primer semestre del 2021.

3. Garantizar los espacios y las condiciones necesarias para el proceso de concertación e implementación de las propuestas que se convengan.

4. Reconocer a las comunidades, organizaciones étnico-territoriales, Consejos Comunitarios y personas afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras que suscribieron la Proclama como los voceros y dinamizadores del presente Pacto en sus respectivos departamentos y municipios.

5. Garantizar condiciones de seguridad y protección en marco del proceso de concertación e implementación del presente pacto.

6. Realizar por parte del Ministerio Público (Defensoría, Procuraduría y Personerías) el acompañamiento y veeduría de la implementación del presente pacto.