En la encrucijada entre la tradición y los derechos de los animales, el Caribe colombiano se levanta contra la decisión de la Corte Constitucional que prohíbe las corridas de toros, corralejas, coleos y peleas de gallos.

Mientras el alto tribunal busca una transformación cultural y condena estas prácticas como maltrato animal, los gremios taurinos y galleros, junto a autoridades locales, defienden estas actividades como un pilar del arraigo cultural y un motor económico vital para miles de familias en la región.

Nuestras noticias en tu mano: únete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado de todo lo que sucede. 

La Corte otorgó un plazo de tres años para la "reconversión laboral y cultural", pero las comunidades ven con escepticismo esta medida.

Una vez entre en vigencia esta decisión, los primeros municipios del Atlántico que se verán "afectados" son: Usiacurí en agosto, Santo Tomás, en septiembre y Sabanalarga en octubre de 2027.

Asimismo, Manatí y Santa Lucía en diciembre. 

El llamado del alcalde de Usiacurí: "una ley centralista"

Julio Calderón, alcalde de Usiacurí y el único de los mandatarios municipales que atendió el llamado de Zona Cero, se mostró triste por el fallo de la Corte y lo calificó como una ley "centralista", argumentando que fue concebida desde el interior del país, sin considerar el arraigo cultural de la Costa Caribe.

"Mientras el país esté en ese centralismo, vamos a estar expuestos a que nuestras expresiones culturales sean vulneradas de esta forma", afirmó Calderón.

El mandatario expresó su preocupación por el impacto social y económico de la decisión, ya que en su municipio las corralejas dinamizan la economía y son una fuente de sustento para muchas familias de escasos recursos. "Es una manifestación y un movimiento económico que difícilmente puede ser reemplazado a corto plazo", dijo.

A pesar de la prohibición, el alcalde aseguró que "mientras la ley nos permita, nosotros como territorio lo vamos a seguir implementando, vamos con nuestro arraigo cultural hasta el final. Sin embargo, pensaría que es el momento de que todas esas instancias jurídicas salgan a defender este tipo de manifestaciones".

Te puede interesar: Incautan 30 toneladas de carbón vegetal en Palermo, Magdalena

Calderón expresó que "es una responsabilidad que tenemos con el pueblo y en algún momento le vamos a preguntar a ellos si continuemos con este arraigo o si acatamos la ley antes de los términos que ellos nos dan para no realizar más este tipo de manifestaciones culturales".

Consideró que la libertad de culto debe ser respetable en el país, y eso incluye a la cultura, porque es "originaria de cada territorio. Y si de pronto el centralismo ve las corralejas como un acto de barbarie, pues en la cultura es una manifestación tan infinita que no puede ser interpretada como un maltrato animal. Entonces, es un tema bastante complejo que creo que la ponente de esta ley (senadora Esmeralda Hernández), a simple vista se ve que nunca ha pisado una corraleja y nunca la pisará, y nunca sentirá lo que siente una persona que se levantó en la Costa bajo este tipo de manifestaciones culturales".

Voces desde el gremio gallero: la amenaza a miles de empleos

La preocupación del sector cultural se replica en el gremio gallero, que alerta sobre las graves consecuencias socioeconómicas que traerá la prohibición.

Jorge De la Hoz Albán, miembro fundador de la Asociación de Gallos de Exhibición y Combate de Barranquilla y el Atlántico, Asogaquilla y de la Federación Nacional de Gallos de Combate (Fenagacol), calificó el fallo de la Corte como un "error procedimental" y aseguró que la prohibición es una extralimitación de sus funciones.

De la Hoz argumentó que la industria gallera está completamente regulada y genera un importante movimiento económico, consumiendo miles de toneladas de granos y movilizando una cadena productiva que incluye nutrición animal y farmacéutica. "Sería una masacre cultural y laboral que este fallo entre en vigor", sentenció.

Asimismo, aseguró que el gremio "va a pelear" por sus derechos amparados en "la ley". "Lo que hoy es una realidad, es que los gallos en Colombia no están prohibidos. Los gallos en Colombia están regidos por una ley, la 666 que nos tiene completamente ajustados a la norma y con los establecimientos comerciales, llámese clubes gallísticos o coliseos gallísticos, así como los criaderos y las instalaciones rurales donde se crían y se ponen a punto de competencia nuestros ejemplares. Todo esto está dentro del marco legal", explicó.

Lea también: "Es de absoluta pertinencia una reforma constitucional": Petro

De la Hoz agregó que el impacto del fallo se debe palpar en el "aspecto socioeconómico que tiene desconocer una actividad que es patrimonio cultural de este país. Ahí estamos abordando desde otra óptica y desde realmente dimensionar el alcance de esta actividad, porque pues obviamente son muchas familias las que dependen de este tipo de actividades no solamente de los gallos, sino también nosotros en la Federación. Estamos hablando que más de 256 mil familias están censadas en este país que dependen directamente de la cría y competencia de las aves, sin mencionar el impacto que tiene en la agroindustria".

Sobre este punto, el directivo indicó que "son 23 mil toneladas de granos sólidos mensuales que se consumen en Colombia, si esto lo llevamos a números estamos hablando de billones en la industria del gallo fino, porque la industria cultural y entretenimiento del gallo fino trasciende completamente los números de lo que eventualmente están queriendo desconocer con una norma o con un fallo tan obtuso, tan arbitrario".

El líder gremial defendió la actividad, asegurando que los gallos de combate pelean por instinto y que su gremio se encarga de preservar la especie. "El gallo fino es García Marquiano", dijo, haciendo referencia a la importancia cultural de esta tradición en la obra del nobel colombiano Gabriel García Márquez.

Por su parte, Campo Elías Manotas, presidente de la Asociación de Galleros del Atlántico, señaló que la actividad gallística sustenta a más de 1,4 millones de personas en Colombia, la mayoría de ellas de estratos 1 y 2.

En el departamento del Atlántico, se estima que entre 10.000 y 12.000 personas dependen directamente de esta actividad.

Te puede interesar: Futbolistas se unen en labor social para transformar la vida de los más vulnerables

Con la prohibición en firme, queda en el aire una pregunta crucial para el país: ¿puede una sentencia judicial borrar de un plumazo una tradición cultural que ha perdurado por siglos? Mientras los detractores celebran la victoria a favor de los derechos de los animales, el gremio taurino y gallero se aferra a un legado que, para ellos, no es maltrato, sino un pilar de su identidad y su economía.