La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó la amenaza que recibieron los periodistas Cipriano López, Lina María Peña, Yannis Moscote, Víctor Polo, Miguel Martínez, Víctor Rodríguez, Aristides Herrera y Leopoldo Díaz Granados. 

La FLIP solicitó a las autoridades que se investiguen los hechos y se garantice la seguridad de los reporteros.

Recordó que el 7 de agosto varios de los periodistas afectados recibieron el panfleto con firma del ELN en el que son declarados objetivo militar con la siguiente advertencia: “se les otorga un plazo de 48 horas para que abandonen el país con sus familias o se atendrán a las consecuencias”. 

Los reporteros mencionados en el panfleto han denunciado hechos de corrupción por parte de la administración departamental y coinciden en que les parece extraño que la amenaza sea responsabilidad del ELN, debido a que no han hecho denuncias relacionadas con este grupo armado y no tienen conocimiento de su presencia en Magdalena. 

La FLIP expresó su preocupación por estos hechos y le solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que evalúe la situación de riesgo de los reporteros con el fin de implementar las medidas de protección necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. 

La Fundación le solicitó a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables y llevarlos ante la justicia. 

Sostiene que las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. 

Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

La FLIP le hizo un llamado al Gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, para que rechace estas amenazas y, a partir de su rol como garante de la libertad de prensa en el departamento, respalde públicamente la labor de los periodistas y medios de comunicación a quienes se dirige esta amenaza. 

Al respecto, la Relatoría Especial Para la Libertad de Expresión (RELE) sostiene que: “Una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”. 

*Con información de flip.org.co.