La ejecución de lo acordado en Doha por el Gobierno nacional y el 'Clan del Golfo' tendrá que esperar por una decisión de la Fiscalía General de la Nación que causó molestia en el Ejecutivo.

El ente acusador no accedió a la suspensión de las órdenes de captura de 29 cabecillas del mayor grupo criminal del país, alegando falta de claridad en el estado de las negociaciones de paz.

El Gobierno hizo la solicitud el pasado viernes, pero la Fiscalía respondió este lunes que es necesaria más claridad sobre los alcances de lo acordado con el 'Clan del Golfo', también llamado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y sobre la situación jurídica de algunos de sus integrantes.

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"La Fiscalía General de la Nación informa que resolvió abstenerse de implementar medidas orientadas a generar condiciones de seguridad jurídica para el tránsito de integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia hacia las Zonas de Ubicación Temporal que impliquen no ejecutar, de manera general, automática e inmediata, órdenes de captura antes del 25 de junio de 2026", señaló la entidad en un comunicado.

La activación de las ZUT debe comenzar en esa fecha, según lo acordado por el Gobierno y el 'Clan del Golfo', que desde septiembre del año pasado tienen conversaciones de paz en Doha (Catar).

Es decir, lo acordado está en riesgo.

En ese momento se pactó que más de 400 combatientes del 'Clan del Golfo' se desplazarán a Tierralta, en el Córdoba, y a Belén de Bajirá, en Chocó, para instalarse en las ZUT.

Este acuerdo incluye además una etapa inicial de "construcción de confianza" y la sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios donde opera este grupo armado ilegal: Mutatá, en Antioquia, y Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, en el Chocó, fronterizo con Panamá.

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Igualmente, el convenio establece que su traslado será "gradual y progresivo" y se adoptarán "las medidas para brindar garantías de seguridad jurídica y humana a los combatientes" durante su desplazamiento, "incluyendo la suspensión de ejecución de las órdenes de captura, así como aquellas con fines de extradición".

Al respecto, la Fiscalía señaló que entre las 29 personas incluidas en el listado para levantamiento de órdenes de captura "se encuentra Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo', requerido en extradición por Estados Unidos", por lo que instó a "honrar los compromisos de cooperación judicial en materia de la persecución de delitos transnacionales".

"Dicha solicitud ya cuenta con concepto favorable proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 10 de diciembre de 2025", agregó la entidad.

Extradición de 'Chiquito Malo'

Precisamente, de 'Chiquito Malo' se refirió el Presidente Gustavo Petro, quien alegó que la lista que presentó la Oficina del Comisionado de Paz no le fue consultada.

"La comisión de paz hizo una lista de 29 que incluye extraditables (...) pero no fue consultada esa decisión al presidente, que ha sido claro en que en las primeras fases del proceso no actúan extraditables. Solo si hay un proceso avanzado de paz, como dice la ley, el presidente puede suspender órdenes de extradición", expresó Petro en X.

En ese sentido, el mandatario aseguró que no ha suspendido la orden de extradición contra el principal jefe del 'Clan del Golfo'.

Pero también lanzó fuertes afirmaciones contra la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo: "Ningún funcionario del Estado puede desobedecer una indicación del Presidente en el tema de la paz, porque la Constitución del 91' lo dice explícitamente (...) hay zonas de concentración pactándose, el Presidente las ordena, no la fiscal". 

El mandatario agregó que “hay zonas de concentración pactándose, y las zonas de concentración son legales. Y el presidente las ordena, no la fiscal”. pic.twitter.com/mEyEX89p4b

— La FM (@lafm) May 13, 2026

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La molestia del Comisionado de Paz

Sin embargo, mientras Petro aclaró lo sucedido e indicó que trabajarán en la lista de 400 integrantes del EGC que irán a las ZUT, el Comisionado Otty Patiño lanzó duras críticas a la Fiscalía.

"La Ley 2272 de 2022 estableció que la suspensión de la ejecución de órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición, durante el transcurso del desplazamiento y en permanencia en las Zonas de Ubicación Temporal, opera por mandato expreso de la ley y no por una valoración discrecional posterior de la Fiscalía General de la Nación".

Recalcó que la política de paz le corresponde al Presidente Gustavo Petro y que el Congreso lo dotó de herramientas para viabilizar los procesos de paz y garantizar las condiciones de tránsito hacia las ZUT.

"La paz exige seguridad jurídica, coherencia institucional y cumplimiento estricto de la ley por parte de todas las autoridades del Estado", remató Patiño.