Ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el Fiscal Cuarto Delegado, Sergio Gómez Trujillo, presentó la teoría del caso, asó como los elementos probatorios, y en la culminación del juicio oral anunció que pedirá la condena contra el Juez 13 Penal Municipal con funciones de control de garantías, Rafael de Jesús Uribe Henríquez, por los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal, dentro de un proceso de tierras en las que sus decisiones fueron calificadas de abiertamente contrarias a la ley.

La audiencia de la fecha fue presidida por el Magistrado Luis Felipe Colmenares Russo, y contó con la presencia del apoderado del acusado, Javier Hurtado Ramírez, la defensa de víctimas Hugo Junior Carbonó, entre otros. 

El Juez Uribe Henríquez no participó y se encuentra cobijado con detención domiciliaria en la ciudad de Santa Marta, también por los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal, tras las denuncias formuladas en su contra por la familia Acosta Bendek, en el caso de la Universidad Metropolitana, dejando su defensa en manos de Hurtado Ramírez, mismo apoderado en el proceso de la Unimetro.

Durante la audiencia, el Fiscal Gómez Trujillo anunció que probará, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del Juez Uribe Henríquez, por considerar que actuó de manera dolosa en unas decisiones judiciales que afectaron a Roberto Suárez Ballesteros, dentro de un proceso por terrenos ubicados en el municipio de Puerto Colombia.

En concreto, Suárez Ballesteros compró la posesión de unos terrenos aledaños al Club Lagos de Caujaral y luego inició el proceso de declaración de pertenencia, que le fue declarado a su favor por parte de un Juez, Civil quedando como dueño de dichas tierras.

Sin embargo, para su sorpresa, la sentencia judicial fue inscrita con radicados diferentes ante la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos, situación que le fue notificada al juez del fallo, advirtiéndose un fraude.

La sentencia de pertenencia de primera instancia fue confirmada por el Tribunal Superior, con ponencia de la entonces Magistrada y hoy Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, reafirmando la propiedad a favor de Roberto Suárez Ballesteros.

No obstante, ante el Juez 13 Penal Municipal, Rafael Uribe Henríquez, fue emprendido otro proceso en el cual el funcionario judicial canceló las matrículas de propiedad y despojó de las tierras a Suárez Ballesteros, favoreciendo a otros demandantes en cabeza de Eduardo José Uribe Blanco, Mario Blanco Cervantes, Maristella Uribe Blanco, Carlos Mauricio uribe Blanco e Iván Uribe Blanco.

Según el Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior, Sergio Gómez Trujillo, el Juez Uribe Henríquez adelantó este último proceso de restablecimiento del derecho sin cumplir con la obligación legal de haber convocado a la contraparte en cabeza de Suárez Ballesteros.

Específicamente, en su fallo ordenó la cancelación de las matrículas inmobiliarias adjudicadas a Suárez Ballesteros, la restitución de los predios y solicitó a la Alcaldía de Puerto Colombia el cumplimiento inmediato de la orden impartida.

De acuerdo con el Fiscal, se trata de decisiones contrarias a la ley que condujeron a un restablecimiento de derecho de forma ilegal, cancelando de manera indebida las matrículas inmobiliarias sin reunir los requisitos y sin que ni siquiera se lo pidieran los mismos solicitantes.

Lo grave del caso, es que en la misma decisión fueron canceladas la totalidad de las 14 matrículas que forman parte del terreno en mención.

Por esta situación, las matrículas se encuentran bloqueadas afectando los intereses de Suárez Ballesteros y de las otras familias afectadas.

Tras presentar los elementos probatorios, el Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior dijo que solicitará una condena ejemplar contra el Juez Rafael Uribe Henríquez, debido a sus actuaciones contrarias a la Ley.

Las próximas audiencias quedaron programadas para los días 12 y 19 de marzo, con el fin de decidir la sentencia.