La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre seis bienes ubicados en Neiva, los cuales habrían estado al servicio de una red delictiva señalada de explotar sexualmente con fines comerciales a jóvenes extranjeras o en condición de vulnerabilidad.

Los activos afectados con fines de extinción del derecho de dominio están representados en tres inmuebles y tres bares, avaluados en cerca de 1.500 millones de pesos, quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.  

"Las labores investigativas permitieron establecer que las víctimas, supuestamente, eran retenidas controladas y vigiladas en estos inmuebles y explotadas sexualmente en los establecimientos de comercio donde serían obligadas a tener encuentros íntimos con hombres mayores", indicó ente acusador.

Al parecer, los presuntos integrantes de la organización ilegal contactaban las mujeres, muchas de ellas menores de edad, les hacían falsas ofertas de trabajo como meseras y las convencían de trasladarse a Neiva.

Posteriormente, les quitaban los documentos de identidad y les imponían multas por manutención, hospedaje y otros conceptos, las cuales debían pagar con los dineros obtenidos de las actividades sexuales.

Por estos hechos, son procesadas varias personas como supuestos responsables de los delitos de trata de personas, inducción a la prostitución, secuestro y concierto para delinquir.

El operativo fue un trabajo articulado de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía y unidades de la SIJIN de la Policía Nacional.