Personal de la Fiscalía inspecciona a esta hora oficinas de la Alcaldía de Puerto Colombia, en el centro de esa población, en desarrollo de la investigación por el caso de los dos lotes cedidos a título gratuito a particulares en el año 2017. Los lotes debían ser usados para zonas verdes y bien común, pero terminaron en manos de particulares.

En desarrollo de la inspección judicial, la Fiscalía busca recolectar evidencias físicas o elementos materiales públicos para establecer si hay indicios para una investigación por posibles delitos contra la administración pública.

La Alcaldía de Puerto, a través de su mandatario Plinio Cedeño, emitió un comunicado indicando que recibe la visita de los funcionarios de la Fiscalía en atención a la denuncia interpuesta por el mandatario "en contra de presuntas irregularidades y falsedades evidenciadas en la expedición de actos administrativos" que derivaron en transferencia de propiedad de inmuebles de uso público que pertenecen al municipio en favor de particulares.

La inspección es adelantada en presencia de funcionarios de la Alcaldía que entregan la información requerida por la Fiscalía.

Hay que destacar que esta no es la única denuncia por el caso de los lotes en Puerto Colombia. En su momento, el exalcalde Wilman Vargas también radicó una demanda penal por la entrega de los predios.

Uno de esos predios, de 33.637 M2, fue cedido a un particular por parte de la Alcaldía cuando en ese momento era alcalde Steimer Mantilla Rolong.

Otro lote, de 5.082 M2, también había sido cedido a otro particular bajo la misma administración municipal de ese entonces, en 2017, pero el pasado 17 de septiembre la actual Alcaldía, de Plinio Cedeño, anunció su recuperación.

El predio está ubicado entre el Polideportivo de Tecnoglass y la Planta de Alutions, frente a la Ventana al Mundo.  

Este lote fue entregado por Cementos Argos a la administración local mediante la Escritura Pública 2139 del 6 de septiembre de 2011, para que se habilitara allí, exclusivamente, una zona verde.

El pasado mes de agosto, el exalcalde Mantilla, dijo a Atlántico en Noticias que es víctima de esta situación y argumentó que su firma habría sido falsificada en las resoluciones en las que se entregaban estos lotes a particulares.

Aclaró que está dispuesto a colaborar con la justicia e incluso puso en conocimiento de la situación a la actual administración municipal.

Los llamados a la Fiscalía

Solo hasta hoy es que se ve una actuación concreta de la Fiscalía General de la Nación con este caso.

Camacol, la Fundación Protransparencia Atlántico, representada por Horacio Brieva y los líderes sociales, representantes de organizaciones comunitarias y habitantes del barrio Las Flores; y la firma Borda Abogados, le enviaron en su momento documentos a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, para que haya celeridad en las investigaciones.

"Este tipo de hechos, cuando compromete la legalidad de los actos administrativos que soportan el uso y la disposición del suelo, afecta directamente la seguridad jurídica que el sector de la construcción requiere para adelantar sus proyectos y para mantener la confianza de sus afiliados e inversionistas en los procesos de planeación urbana del departamento", indicó Camacol.

Alertó que en la Fiscalía solo aparecen dos trámites sobre este proceso y datan de 2023, es decir, han transcurrido tres años y medio sin que presenten adelantos en esta investigación.

La Fundación Protransparencia Atlántico envió un derecho de petición con el objetivo de que el ente acusador anuncie el avance de las investigaciones sobre la 'cesión' de lotes en Puerto Colombia, de uso público, a particulares.

“La Fundación actúa exclusivamente desde la sociedad civil. No invoca la calidad de víctima, denunciante, parte o interviniente dentro del proceso penal, ni pretende acceder a elementos materiales probatorios, conocer la estrategia investigativa, identificar personas indiciadas o condicionar las decisiones del fiscal competente”, aclara la Fundación en el derecho de petición.  

Añadió que “su propósito es obtener información general no sometida a reserva, poner de presente la relevancia pública del asunto y solicitar que esta comunicación sea tramitada por las dependencias competentes, con respeto por la autonomía de la Fiscalía, el debido proceso y la presunción de inocencia”.

Incluso, los particulares Francisco Javier Pizarro Guerra y Alfredo Manuel Montoya Hoyos se pusieron a disposición del Fiscal 36 Seccional, quien está a cargo de la investigación por las polémicas cesiones, pero nada ha pasado.

También, el abogado penalista Donaldo Del Villar, envió una carta al Director Seccional de Fiscalías del Atlántico, Romel David Arévalo González, para dar celeridad a la investigación por la "cesión gratuita".

"Los documentos divulgados y las denuncias ya radicadas revelan indicios que exigen una respuesta institucional urgente. Dos predios destinados a zonas verdes y uso colectivo —de 5.082 y 33.637 metros cuadrados— habrían pasado a manos particulares mediante las resoluciones 049 del 9 de noviembre y 044 del 20 de noviembre de 2017, inscritas registralmente varios años después", expresa el abogado penalista.

"Se ha informado que una de esas resoluciones no reposa en los archivos municipales; que se controvierte la autenticidad de las firmas; que se produjeron desenglobes y posteriores transferencias, y que podría existir una duplicidad registral respecto de otro inmueble", agregó.