La Fiscalía General de la Nación tomó decisiones contra los presuntos responsables del denominado ‘festín’ de dádivas, con el que la administración de Armenia en el periodo 2012 – 2015, habría entregado los contratos de obra de desarrollo vial de la ciudad a cambio de $12.000’000.000 que, presuntamente, terminaron en los bolsillos de funcionarios e intermediarios.

El ente acusador explicó en un comunicado de prensa que la "Dirección Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares de extinción de dominio contra 23 bienes que estarían a nombre o en los que tendrían participación accionaria la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco, y su esposo, Francisco Javier Valencia Salazar, así como el constructor Fernando Díez Cardona, entre otros contratistas".

Las propiedades están avaluadas en 156 mil millones de pesos y fueron incautadas en una operación conjunta realizada por policía judicial de la Fiscalía, el Gaula Militar y personal del Ejército Nacional en Bogotá, Girardot (Cundinamarca), Pereira (Risaralda); Medellín, Sabaneta y La Ceja (Antioquia); y Armenia, Pijao y Quimbaya (Quindío).

Entre los bienes ocupados hay 18 inmuebles, tres sociedades y dos establecimientos de comercio que quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

En el rastreo realizado por los investigadores de la Fiscalía al patrimonio de los involucrados en la defraudación a los recursos de Armenia, se constató que dos días antes de la captura de la exalcaldesa y su esposo, la pareja constituyó una sociedad denominada Valencia Otálvaro & Cía., con la cual habría empezado a ocultar y desviar parte de las propiedades que sostenían con los dineros que supuestamente recibieron para direccionar los contratos de obra.

Esa sociedad, algunas casas y fincas en las que aparecen como propietarios o tendrían participación la exfuncionaria y su cónyuge, fueron afectadas con las medidas de extinción de dominio.

Las empresas

La Sociedad Constructora Díez Cardona S.A.S.; la Sociedad Constructora Furel S.A., del empresario Hernán Moreno Pérez, quien fue capturado; y la Sociedad Española Construcciones Lezo S.A.S., que conformaron las uniones temporales a las que les fueron entregados los contratos de las obras de Armenia en medio de presuntas anomalías y pagos de dádivas, también fueron ocupadas, así como las oficinas principales donde funcionaban en Medellín y Bogotá.

Para la Fiscalía está claro que las tres sociedades constructoras vinculadas a las investigaciones y sus bienes fueron destinados y utilizados como instrumentos para la comisión de una actividad ilegal que afectó las finanzas de Armenia. Adicionalmente, las medidas recaen sobre apartamentos, garajes y depósitos que aparecían a nombre de familiares del contratista Fernando Díez Cardona, capturado en el curso de las investigaciones.