Tras la solicitud de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, el Juzgado 37 Penal con función de control de garantías definirá en las próximas horas la medida de aseguramiento para las 11 personas capturadas este 8 de junio, proveedoras de servicios de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, quienes habrían defraudado al Estado en $5.111.000.000.
 
La Fiscalía les imputó cargos como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en concurso homogéneo, acceso abusivo a sistema informático, violación de datos personales agravada, falsedad material en documento público y fraude procesal.  
 
Por estos hechos aceptaron cargos Johana Marcela Torres Parada y Johana Maria Tavera Ayala. Los otros presuntos implicados son: Deysi Jazmín Salgado Cortes, Leidy Bibiana Ayala Bonilla, Humberto Fernando Vallejo Jaramillo, Jenny López Barrios, Diana Marcela Rojas Muñoz, Viviana Paola Trejos Fernández, Alejandra Murillo Torres, David Fernando Quiñonez Norato e Iván Leonardo Lyons Molano. 
 
De acuerdo con lo relatado por la fiscal adscrita a la Unidad de Estructura de Apoyo de la Seccional Bogotá, la investigación se originó en mayo de 2014 en la Oficina de Control Interno y Disciplinario de Colpensiones, desde donde fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía estos hechos ilícitos.
 
Entre los datos de la investigación se menciona que una funcionaria de Colpensiones dijo que su compañera, Johana María Tavera Ayala le pidió el computador prestado, con el fin de realizar una carta de renuncia, pero que se percató que el objetivo real era el de entrar al sistema informático con una clave secreta y que desde allí había variado la historia laboral de un señor que no cumplía con los requisitos de ley para obtener su pensión de vejez.
 
“Johana modificó los datos en fecha de ingreso desde el 22 de enero de 1974 al 22 de enero de 1981, lo cual le permitió obtener la pensión de vejez a ese usuario”, sostuvo la fiscal del caso al mencionar las declaraciones hechas por la testigo al proceso.
 
Agregó la delegada del ente acusador que estas personas conocían muy bien lo que hacían, los aplicativos que debían usar, las claves y el rol a desempeñar dentro de la organización delincuencial.
 
“Cobraban entre 10 y 100 millones de pesos por realizar los trámites ilegales, dependiendo del monto a reconocer por concepto de la pensión habrían reconocido de manera irregular 174 pensiones, con retroactivo, por más de $5.100 millones”, agregó la fiscal del caso.
 
Las tres modalidades
 
La primera modalidad es la creación de toda la historia laboral, es decir a personas que no eran afiliadas al Seguro Social o a Colpensiones, que nunca habían laborado y le creaban 20 años de trabajo para adquirir 1.100 semanas para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez y por otro lado el retroactivo.
 
La segunda modalidad es la modificación o ampliación de las semanas cotizadas, personas que venían del Seguro Social o que eran de Colpensiones, ellas tenían la edad pero les faltaba semanas.
 
La tercera modalidad era la modificación, pues consultaban los datos de los afiliados del Seguro Social y se los ponían a personas que no tenían nada que ver y adicionalmente había en esto una persona dentro de la estructura delincuencial que generaba una modificación en la solicitud de reconocimiento para obtener una mayor cantidad de dinero en los pagos de retroactivo.