Una sorpresiva reversa dio la Fiscalía en las últimas horas echando atrás la decisión inicial de imputar el delito de prevaricato por omisión al director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros,  por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Aparentemente se trataría de un “cruce de competencias” dentro del mismo ente investigador.

La imputación fue anunciada inicialmente por una fiscal de administración pública de la Fiscalía en Bogotá pues Rodríguez Ballesteros “no habría atendido los llamados de protección y de mejora del esquema de seguridad del precandidato Miguel Uribe Turbay".

La funcionaria no tendría competencia para la imputación pues la investigación estaba centralizada desde el búnker de la Fiscalía y liderada por la fiscal Elsa Reyes.

La Fiscalía confirmó que "luego de advertir la competencia integral del Grupo de Tareas Especiales creado para investigar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá retiró la solicitud de imputación por presunto prevaricato por omisión contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, y remitió esa indagación a dicho equipo de investigadores".

Añadió que "la fiscal 295 adoptó la determinación para evitar futuras nulidades procesales y permitir la concentración de las diligencias en el equipo especialmente asignado, al conocer los alcances de la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025, mediante la cual el director de la Seccional Bogotá, Javier Mauricio Paba Mejía, conformó el “Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de todas las noticias criminales y demás hechos relacionados con el atentado al senador Miguel Uribe Turbay”.

Rodríguez, quien es director de la UNP desde que comenzó el Gobierno del Presidente Gustavo Petro, en agosto de 2022, es uno de los hombres más cercanos al mandatario y fue compañero suyo en la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19), desmovilizada en marzo de 1990.

Por el magnicidio de Uribe Turbay han sido detenidas nueve personas, entre ellas el menor de edad que disparó contra el político, quien fue sancionado el 27 de agosto con siete años de privación de la libertad por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego.

El asesinato del senador, quien murió el 11 de agosto tras permanecer dos meses en grave estado, conmocionó al país y ha derivado en una compleja investigación judicial.

La Fiscalía anunció en el comunicado que "en los próximos días se realizará una mesa técnica entre el Grupo de Tareas Especiales y la fiscal 295 de Administración Pública para fortalecer la línea investigativa por la posible desatención a los llamados de protección y de mejoras al esquema de seguridad del precandidato Uribe Turbay, así como para valorar los elementos materiales probatorios obtenidos hasta el momento, en aras de tener mayor contexto, unidad y una visión integral del caso".