La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), a través de su presidente Jaime Alberto Cabal, informó que presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado y una solicitud de suspensión provisional del decreto 1469 de 2025, en el que el Gobierno fijó el salario mínimo 2026 con un incremento del 23,7%.

De acuerdo con Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, la decisión del Ejecutivo desconoció el marco legal y constitucional vigente al aplicar criterios no contemplados en la ley y sustituir las variables obligatorias para la fijación del salario mínimo; inflación, productividad, PIB y participación de los salarios en el ingreso nacional; por el concepto de “salario vital”, construido a partir de referentes de la OIT sin carácter vinculante.

"Se desconoció la competencia exclusiva del DANE como autoridad técnica encargada de definir y certificar la canasta del IPC, fundamento esencial para la medición de la inflación en el país", agregó.

Cuestionó que el decreto no explica de manera clara y verificable cómo se pasó de variables económicas que justificaban ajustes del 6,21%, a un incremento del 23,7%, sin sustento técnico suficiente.

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Adicionalmente, solicitó la suspensión provisional inmediata de la medida argumentando que su aplicación genera impactos irreversibles, presiones inflacionarias adicionales, pérdida de empleo formal, aumento de la informalidad, afectación del aparato productivo y deterioro de las finanzas públicas.

Bajo este panorama, Fenalco pidió al Consejo de Estado dejar sin efectos el decreto y suspender su aplicación mientras se adelanta el análisis judicial, con el propósito de proteger el interés general, la seguridad jurídica y la estabilidad económica del país.

“Esta no es una discusión contra los trabajadores, que se verán seriamente afectados por la inflación generada como consecuencia de la medida. Es una defensa del Estado de Derecho y de la estabilidad económica del país. Hacemos un llamado al Consejo de Estado para que prevalezca el interés general del país por encima de los intereses politiqueros del Gobierno”, concluyó Cabal Sanclemente.