El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha escalado al ámbito internacional. La firma de abogados que representa a su familia ha expresado su "rechazo absoluto" y ha elevado una protesta formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el abogado Alejandro Carranza, representante del Presidente Gustavo Petro y su hijo, Nicolás Petro.

El centro de la disputa son las declaraciones de Carranza ante la CIDH, donde afirmó que el magnicidio está rodeado de una "agenda política" y que está siendo instrumentalizado para "crear narrativas en contra del Presidente".

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"Grave acto de desinformación" y revictimización

La firma Víctor Mosquera Marín Abogados calificó las declaraciones de Carranza como un "grave acto de desinformación" y un acto de "revictimización" contra la familia Uribe Turbay.

“Revictimización contra una familia que ha perdido a un hijo, un padre, un esposo, un senador y un precandidato presidencial, en un hecho que atenta directamente contra la democracia colombiana. El caso de Miguel Uribe Turbay no es ni será una bandera política: es una causa de derechos humanos, un crimen de lesa humanidad y un atentado contra la libertad política y el Estado de Derecho”, señaló la firma.

La representación judicial consideró "inaceptable" que se intente:

Desviar la atención de los procesos judiciales que involucran a Nicolás Petro (investigado por incremento injustificado de patrimonio e irregularidades contractuales).

Señalar "falsamente" que existen narrativas deliberadas en contra del Presidente.

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Acusación contra la UNP y Petro

La familia del senador advirtió que las declaraciones buscan no centrar la atención en las falencias institucionales que pudieron haber derivado en el asesinato del precandidato. En ese sentido, reiteró su rechazo a las insinuaciones que buscan "encubrir omisiones institucionales, entre ellas las relacionadas con la Unidad Nacional de Protección (UNP)".

La firma también rechazó los "discursos de odio y estigmatización del presidente Gustavo Petro", argumentando que estos pudieron servir para exacerbar la violencia.

Finalmente, la familia solicitó a la CIDH que aplique medidas cautelares en su favor, argumentando que las afirmaciones del abogado Carranza evidencian un "riesgo irreparable" y una presunta banalización del derecho internacional de los derechos humanos.