"Siendo respetuosos de las decisiones judiciales y la protección de los derechos fundamentales, consideramos urgente que las altas cortes revisen las de jueces de tutela que ordenan reajustes de pensiones de períodos anteriores a la intervención de Electricaribe, con las cuales se pone en riesgo la sostenibilidad de la empresa y por ende la prestación del servicio público esencial de energía eléctrica en la Región Caribe".

Así manifestó el Comité Intergremial del Atlántico este domingo, en un comunicado firmado por su presidente Ricardo Plata Cepeda, en el que dan su respaldo al agente interventor de Electricaribe, Javier Lastra Fuscaldo, que cumplió una orden de arresto del Juez de Tutela Segundo Promiscuo de Ciénaga, que ordena pagar acreencias por 2.020 millones de pesos a 13 pensionados del Atlántico.

Para Intergremial, "tales decisiones, en temas que pueden debatirse en la justicia ordinaria, parecen desconocer los efectos de la toma de posesión de la empresa por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, obligándola a asumir obligaciones adicionales a las existentes en el momento de la intervención y previas al mismo".

El texto completo es el siguiente:

Comunicado

Ante los hechos conocidos en los medios de comunicación acerca de fallos de tutelas que ordenan reajustes de pensiones de períodos anteriores a la intervención de Electricaribe, el Comité Intergremial del Atlántico se permite expresar:

1.- Que ha venido haciendo seguimiento a la gestión que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelanta en el proceso de intervención de Electricaribe.

2. Reconocemos que durante el proceso se ha logrado la estabilidad del servicio de energía en medio de las precarias condiciones de la infraestructura de redes y de subestaciones de dicha empresa y de su difícil situación económica, factores que dieron lugar a su intervención ante la inminencia de racionamientos en la Región Caribe.   

3. Siendo respetuosos de las decisiones judiciales y la protección de los derechos fundamentales, consideramos urgente que las altas cortes revisen las de jueces de tuela que ordenan reajustes de pensiones de períodos anteriores a la intervención de Electricaribe, con las cuales se pone en riesgo la sostenibilidad de la empresa y por ende la prestación del servicio público esencial de energía eléctrica en la Región Caribe. Tales decisiones, en temas que pueden debatirse en la justicia ordinaria, parecen desconocer los efectos de la toma de posesión de la empresa por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, obligándola a asumir obligaciones adicionales a las existentes en el momento de la intervención y previas al mismo. Ello tiene el potencial de conducir nuevamente a Electricaribe a situaciones críticas de caja que impliquen limitación de suministro de energía.

4. Manifestamos nuestro respaldo al agente interventor de Electricaribe, Javier Lastra Fuscaldo y a los directivos y empleados de la empresa por defender el interés general por encima del particular y los motivamos a continuar con su compromiso en la mejora de la calidad del servicio y la sostenibilidad de la empresa.

Ricardo Plata Cepeda
Presidente ejecutivo
Comité Intergremial del Atlántico