El Juzgado 26 Administrativo de Oralidad de Bogotá falló una tutela presentada por la Defensoría del Pueblo en favor de la atención de 2.460 niñas y niños de primera infancia en Cundinamarca, y así proteger sus derechos fundamentales. 

Los niños y niñas menores de cinco años hacen parte de las modalidades de atención Hogares Comunitarios, Centros de Desarrollo Integral (CDI) y FAMI del ICBF, cuyo operador tiene un contrato por 10.424 millones de pesos.

En el fallo de tutela, el juez le ordena al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Pro País Santo Domingo Sabio, operador del servicio, garantizar “de manera inmediata la atención integral a los niños y niñas suministrando la alimentación, educación, atención integral y protección dentro de los hogares comunitarios afectados”, se lee en el fallo de tutela.

La medida cobija a cuatro Centros Zonales del ICBF ubicados en Fusagasugá, Cáqueza, La Mesa y San Juan de Rioseco, los cuales cobijan a 37 municipios de Cundinamarca cuyas niñas y niños, la mayoría de escasos recursos y población rural, llevan dos semanas sin recibir atención.

La Defensoría del Pueblo conoció de este caso por las quejas que presentaron los padres de familia y cuidadores ante la Regional Cundinamarca de la Entidad y que, ante la gravedad del hecho, motivaron a presentar el 12 de mayo del 2022 la acción de tutela.

Desde la Defensoría del Pueblo también se han recibido quejas en las que señalan que el operador del servicio no paga a tiempo los salarios y la seguridad social de madres comunitarias en La Mesa Cundinamarca. Así mismo, los afectados le han manifestado a la Defensoría que el operador Pro País Santo Domingo Sabio ha incumplido con la prestación del servicio en reiteradas ocasiones.

*Con información de Defensoría del Pueblo