El exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40" y que fue comandante del Bloque Norte de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), participará en una "audiencia única de aporte a la verdad" en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los próximos 26 y 27 de enero.

Así lo informó este lunes la JEP, que detalló en un comunicado que el objetivo de la diligencia -que se realizará en Ibagué (centro) donde el exjefe del Bloque Norte de las AUC está preso- es que Tovar pruebe "que en su calidad de excomandante paramilitar estuvo incorporado a la fuerza pública para poner el grupo armado al servicio del Estado".

"Tovar Pupo deberá demostrar con un alto estándar probatorio la calidad de sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública, a partir de su comportamiento como bisagra o punto de contacto entre el aparato oficial y los paramilitares", agregó la JEP.

Igualmente, el exjefe paramilitar tendrá que demostrar "su posible máxima responsabilidad por los patrones macrocriminales ejecutados conjuntamente con las fuerzas armadas regulares, bajo la modalidad de liderazgo".

En la audiencia participarán las víctimas, que podrán escuchar la declaración de Tovar Pupo.

Luego de esta audiencia, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP hará un proceso de contrastación que, de resultar exitoso, dará inicio al "trámite dialógico con las víctimas".

Igualmente, el tribunal decidirá a partir de esto si acepta o no el sometimiento ante la JEP de Tovar Pupo y el procedimiento a seguir.

Temido jefe paramilitar

Cuando "Jorge 40" regresó a Colombia en 2020 tras cumplir una pena en EE.UU., las autoridades dijeron en ese momento que el exparamilitar tenía más de 1.486 investigaciones activas.

Esto por múltiples delitos como asesinato, tortura, desplazamiento forzado y masacres como la de El Salado, en la que centenares de hombres bajo sus órdenes asesinaron al menos a 60 personas en febrero de 2000 en el caribeño departamento de Bolívar.

Las AUC se desmovilizaron en 2006 tras un proceso de negociación con el Gobierno del entonces presidente colombiano Álvaro Uribe.

Como parte del acuerdo, los exparamilitares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba penas de máximo ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes, pero algunos de los líderes como "Jorge 40" perdieron esos beneficios.

EFE