El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, aseguró este viernes que existe una estrategia para impedir el funcionamiento del tribunal de paz en el país.

Indicó que partidos de gobierno en el Congreso de la República radicaron dos iniciativas que evidencian este presunto entramado que dejaría sin recursos al organismo de justicia transicional.

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“Se evidencia la existencia de una estrategia para impedir el funcionamiento de la JEP. El senador Enrique Gómez propuso trasladar $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura. La propuesta, apoyada en un mensaje por el Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, afectaría de forma directa el cumplimiento de nuestras funciones”, dijo.

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“La JEP reconoce la crisis fiscal de la Rama Judicial, pero esta no se puede resolver a costa de una jurisdicción transicional, poniendo en riesgo la garantía de los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de los comparecientes”, anotó el presidente de la JEP.

🎥En el marco de la Rendición de Cuentas de la JEP 2026, el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, se pronunció sobre dos iniciativas radicadas ante el Congreso que, según señaló, evidencian una estrategia para impedir el funcionamiento de la Jurisdicción.… pic.twitter.com/zwbeOIj2dP

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) September 18, 2026

Lanzan SOS

El magistrado Alejandro Ramelli también lanzó este viernes un "SOS" a la comunidad internacional ante la propuesta de recortar en $100.000 millones el presupuesto de este tribunal para 2027.

Según la jurisdicción, el recorte afectaría el 62 % de los recursos destinados a la adquisición de bienes y servicios, que ascienden a 161.271 millones de pesos (unos 51 millones de dólares).

Ante esta situación, Ramelli pidió a la comunidad internacional que contribuya a garantizar los recursos que considera indispensables para el funcionamiento de la JEP y advirtió sobre el impacto que tendría la medida en las labores de esa jurisdicción, creada tras el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC.

La JEP sostiene que ya arrastra un déficit acumulado de unos 26 millones de dólares y que el traslado propuesto dejaría sin financiación de otros 19,7 millones destinados a convenios de protección con la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo que, según el tribunal, pondría en riesgo la seguridad de víctimas, testigos, intervinientes y funcionarios judiciales.

También, asegura que otros 9,2 millones de dólares requeridos para arrendamientos, servicios públicos y mantenimiento de sus sedes quedarían comprometidos, mientras que los recursos para su centro de datos e interoperabilidad sufrirían un impacto superior al 40 %, con posibles consecuencias para la reserva y seguridad de la información y la gestión digital de los procesos.

La alerta de la JEP coincide además con el trámite en el Senado de una reforma constitucional que plantea someter a revisión automática de la Justicia Penal Militar las sentencias de ese tribunal contra miembros de la fuerza pública.

La jurisdicción considera que ambas iniciativas configuran una estrategia de presión económica y de sometimiento de sus decisiones a la Justicia Penal Militar, una interpretación que atribuye a la combinación de las dos propuestas.

Por ello, la JEP anunció que informará de la situación al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, los países garantes del acuerdo de paz y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

*Con información de EFE