Ramona Rangel, esposa del alcalde del municipio venezolano de Campo Elías, Omar Lares, presentó una acción de tutela (recurso de amparo) contra la Cancillería de Colombia para exigirle que ayude a garantizar los derechos de su hijo, que considera sometido a una detención ilegal en el vecino país.

Rangel, en su calidad de ciudadana colombo-venezolana, presentó el recurso el pasado 4 de diciembre ante el Juzgado 5° de Familia del circuito de Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, señaló en un comunicado la ONG DeJusticia.

La mujer pide al Ministerio de Relaciones Exteriores que abogue por su hijo, Juan Pedro Lares Rangel, también de nacionalidad colombiana, quien fue arrestado el pasado 30 de julio pasado durante un operativo contra su residencia, a la que llegaron alrededor de 200 agentes en busca de Lares, actualmente en el exilio.

Ese día, según había denunciado a Efe el alcalde, cerca de 200 integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y seguidores del chavismo tomaron por asalto su casa.

En el lugar permanecían además su esposa y otro hijo de 13 años, mientras que su hija mayor, que sufre de convulsiones, había salido minutos antes.

En concreto, Rangel solicitó le garanticen a su hijo el derecho a la vida, la integridad personal, a no ser sometido a la desaparición forzada y a ser libre de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, así como el acceso a la información, el derecho a la intimidad y al buen nombre, a la honra, al debido proceso y a la salud.

Mientras que para ella pidió se le proteja el derecho de petición que considera ha sido vulnerado por el Ministerio de Relaciones Exteriores "al no proporcionar una resolución adecuada, completa y suficiente a las reiteradas solicitudes" que ha presentado.

En el documento, señala que gracias a la Cancillería colombiana ha podido visitar en tres oportunidades a su hijo en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide en Caracas.

No obstante, advierte en el documento que "las autoridades venezolanas aún no han reconocido oficialmente la detención" de su hijo, que "su nombre aún no figura en ninguna lista ni de presos políticos ni de presos en El Helicoide, y aún no ha sido presentado ante ninguna autoridad judicial".

"Esto es extremadamente preocupante, ya que queda vulnerable a la desaparición forzada, a la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, y la continua vulneración de sus derechos fundamentales", señaló la mujer en el documento.

Además, alerta que esta situación es "extremadamente preocupante, ya que queda vulnerable a la desaparición forzada, a la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, y la continua vulneración de sus derechos fundamentales".

"Al 4 de diciembre de 2017, Juan Pedro lleva 128 días privado de su libertad. Cada día que pasa sin su liberación es un día más en el que vulneran sus derechos y continúa encontrándose en grave riesgo", concluyó en el texto. 

EFE