Las mesas de diálogos con las jefes de las bandas criminales de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, en el Atlántico, han generado cierto escepticismo entre los expertos en seguridad en el departamento, quienes manifestaron -en diálogo con Zona Cero- que se requiere, además de voluntad, hechos “reales” y “verificables” de su compromiso con la paz y la reducción de delitos de alto impacto en el territorio en el que operan.

Señalaron que estas mesas pueden terminar, en caso de no avanzar en los diálogos, en un reacomodamiento de estas estructuras delincuenciales, traducido en el acumulamiento de capacidades operativas y financieras.

“La ciudadanía necesita pruebas reales de que hay un compromiso con la paz, no promesas vacías ni maniobras para ganar tiempo o legitimidad”, aseguró Alejandro Blanco Zúñiga, docente e investigador de la Universidad Libre.

El analista aseguró que no se puede legitimar a estos grupos que han construido su poder desde el “miedo” y el “delito”, por lo que cree que es imperativo manejar este proceso de paz con mucha cautela.

“No se puede tratar como interlocutores políticos a quienes han sostenido economías criminales durante años, sin exigirles justicia, verdad y compromisos firmes con la reparación a las víctimas. Aquí no se trata solo de reducir la violencia, sino de evitar que el crimen organizado se disfrace de actor político legítimo sin haber rendido cuentas y que luego terminen fortaleciendo las estructuras criminales”, afirmó.

Indicó que el diálogo debe incluir la mayor cantidad de actores sociales posible. Sostuvo que se requiere, además del actuar de la Policía, de una estrategia que combine sanción penal efectiva con “programas reales” de reintegración, atención psicosocial y oportunidades para jóvenes en riesgo.

“La violencia criminal no se rompe solo con capturas, sino también con inversiones sostenidas en los barrios que han sido históricamente olvidados”, anotó.

Por otro lado, precisó que, si bien estos diálogos pueden incidir en una baja en los homicidios en el Atlántico, fue enfático al decir que existen temores de un posible reacomodamiento de estas estructuras criminales en caso de que las mesas fracasen.

En Barranquilla y el área metropolitana, según dijo, se estima que el 86% de los homicidios están ligados a disputas territoriales entre bandas.

“Las experiencias de Paz Urbana muestran que los espacios de diálogo bien estructurado pueden reducir la violencia. En Buenaventura, el pacto Shottas Espartanos, de agosto de 2023, contuvo la escalada de muertes; en Medellín e Itagüí, la apertura de mesas con estructuras locales hizo caer la tasa de homicidios. En suma, la evidencia disponible confirma que sí es posible bajar los asesinatos. Sin embargo, si los diálogos no avanzan, esto puede traducirse en simple reacomodo criminal”, apuntó.

Incertidumbre 

Para el PhD Janiel Melamed, director del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, aún persiste la incertidumbre metodológica, normativa y presupuestal sobre las condiciones de sometimiento de estas estructuras criminales.

Sostuvo que es de gran importancia que se realice un análisis integral que pueda dar una visión más clara y completa de la actual situación de seguridad en el territorio, indicadores reales que permitan llevar estos diálogos a objetivos ajustados y alcanzables.

“Sin un análisis sosegado e integrador, la reducción ostensible de los registros de homicidios intencionales puede motivar percepciones erróneas con respecto al estado de las dinámicas criminales, el control de estas organizaciones sobre el territorio y la población, y la regulación de aspectos sociales y económicos tanto legales e ilegales en que participan tales estructuras”, afirmó.

Indicó que un apaciguamiento armado e impuesto por estas bandas criminales para mantener bajas las cifras de homicidio puede resultar con complicaciones en el corto y mediano plazo.

Por un lado, puede -según el experto- servir como herramienta de presión para obtener beneficios mientras duren las mesas de negociación, y lo segundo, que podría traducirse en una estrategia para el “acumulamiento de capacidades operativas y financieras de estas organizaciones” del crimen.

“Sin un marco normativo que regule estas negociaciones y ante la imposibilidad de alcanzar sus objetivos maximalistas, estas mesas colapsarán, y con ellas el apaciguamiento. La disminución de los homicidios intencionales en los indicadores de seguridad no representa un desarme o desmovilización de estas estructuras criminales”, anotó.

Melamed coincidió con Blanco en que el aumento de registros de homicidios puede estar asociado a disputas por el poder entre actores del crimen organizado para tener el control de rentas ilícitas y territorios.

Precisó que esta circunstancia no se resolverá necesariamente con el aumento del pie de fuerza de las autoridades militares y de policía en las calles o mayor número motos y camionetas.

“Combatir el crimen organizado en escenarios de macrociminalidad requiere una adecuada articulación de las autoridades locales y nacionales, con miras a fortalecer integralmente, entre otras cosas, la cadena de investigación judicial para desarticular estas estructuras, capturar a sus cabecillas, quebrar el ciclo de sucesión criminal y golpear sus finanzas y capacidad operativa”, subrayó.  

Recomendaciones

El director del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, Janiel Melamed, entregó algunas recomendaciones que pudieran servir a las autoridades para garantizar el éxito de los diálogos de paz con ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.

Entre esas líneas, aseguró lo indispensable que es el análisis integral para entender la dinámica de estos grupos delincuenciales y el panorama en términos de seguridad en el departamento. Indicadores y perspectiva de procesos anteriores.

Dijo que la implementación de estas mesas debe ir acompañada de una metodología y un marco jurídico preciso que delimite las dinámicas de negociación.

Asimismo, contar con el acompañamiento de las capacidades del nivel central para robustecer la institucionalidad en materia de análisis y seguimiento de problemáticas asociadas al crimen organizado.

Por otra parte, sostuvo que es importante que se articulen comisiones especializadas con la Policía Nacional para adelantar planes de choque contra los principales dinamizadores de la violencia, especialmente en sus finanzas y estructuras.

También propone que se desarrollen planes de seguimiento a procesos penales para optimizar la “dimensión judicial en la lucha contra el crimen organizado”.

De igual manera, propiciar el fortalecimiento de las capacidades de investigación judicial (fiscales, jueces) en materia de crimen organizado.

“El fortalecimiento de las capacidades de los organismos de seguridad en materia de infraestructura, equipos y comunicaciones debe acompañarse también de un fortalecimiento en el número de fiscales y jueces especializados en crimen organizado”, dijo.

Por último, el experto Janiel Melamed aseguró que se debe fomentar la capacitación y gestión del conocimiento para enriquecer el análisis y proporcionar medidas de anticipación estratégica para la toma de decisiones en materia de seguridad en el territorio.