Los representantes de la Fundación Unidad Social Barrio Adentro (FUSBA) el convenio de aportes para el fomento del Programa Escolar de Alimentación (PAE) en el municipio de Ciénaga, fue suscrito dentro del marco legal, fue ejecutado plenamente sin que se perdiera un solo peso y, además, fue tomado como uno de los modelos a nivel nacional por parte del Ministerio de Educación.

Sostienen que la misma Fiscalía reconoció, en desarrollo de las audiencias realizadas en la ciudad de Santa Marta, no solamente no encontró deficiencias en la prestación del servicio, sino que además reconoció que los niños vinculados al PAE recibieron las raciones establecidas y que tampoco se había perdido un peso del mismo.

Así lo manifestaron los abogados Héctor Esmeral Lafaurie y Claudia Cristancho, al igual que Dairo Navarro Pacheco, proveedor de dicha fundación.

Se trata del convenio de aportes No. 004 suscrito el 3 de marzo de 2017 por el Alcalde de Ciénaga, Edgardo Jesús Pérez Díaz, con Isaura Ferrer Vergara, en su condición de representante legal de FUSBA.

El convenio contempló un aporte solidario y voluntario por parte de FUSBA por 1.350 millones 057 mil 436 pesos más el del municipio por 5.400 millones 229 mil 742 pesos, para un total de 6.750 millones 287 mil 178 pesos.

A su vez, FUSBA contrató a la firma Estrada Navarro S.A.S. como proveedor, para el período del convenio comprendido entre los meses de marzo y diciembre de 2017.

“El convenio se desarrolló perfectamente desde su inicio hasta el final. Inclusive en 2018 a través de un nuevo convenio hasta el pasado 6 de septiembre”, explicaron.

La investigación iniciada por la Fiscalía, mediante anónimo, se concentró en el convenio 2017, “el cual se prestó de una manera efectiva, cumpliéndose el objeto de suministrar los desayunos, almuerzos y meriendas a 23 mil niños del casco urbano de Ciénaga y de la Sierra Nevada. El programa fue uno de los mejores calificados por el Ministerio de Educación Nacional (94 sobre 100) en 48 colegios de Ciénaga y 20 de la Sierra Nevada, para un total de 68 instituciones. Fue ejecutado perfectamente sin queja alguna y la misma Contraloría General de la república lo revisó y no encontró hallazgo alguno. Y hasta el Ministerio de Educación quería replicar el modelo en todo el país”. En total se contemplaron 42.950 raciones diarias.

Indicaron que al concluir la investigación la Fiscalía no encontró deficiencias, sin embargo consideró que el PAE no debió ejecutarse a través de un convenio sino mediante licitación pública y que, como consecuencia de ello, se configuraba la celebración de contrato sin el lleno de los requisitos legales.

Adicionalmente, en el convenio se pactó un pago anticipado por 2.700 millones 114 mil 871 pesos, correspondientes al 50% del aporte municipal.

“La póliza fue suscrita de esa manera y FUSBA ejecutó como pago anticipado. Pero la Fiscalía alega que debió hacerse por licitación y hacerlo como anticipo, que se maneja de manera diferente. Con el pago anticipado FUSBA canceló a Estrada Navarro S.A.S. para ir cubriendo las obligaciones ya también a los proveedores. Pero como el Fiscal (Salustiano Fortich Molina) sostiene que debió hacerse como anticipo, no se podía girar como hizo FUSBA sino de acuerdo con los lineamientos de licitación pública. En la audiencia de imputación el Fiscal admitió que no se perdió nada, elogió la atención a los niños, pero insistió en que debió hacerse por licitación”, agregaron.

Advirtieron que para esa fecha 492 Alcaldías habían celebrado convenios para desarrollar el PAE. “¿Entonces, están equivocados 492 Alcaldes y el único que tiene la razón es el Fiscal?”, cuestionaron.

También sustentaron que el convenio se hizo con una fundación y no una entidad privada, siguiendo la línea que traída el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), tras la entrega del programa al Ministerio.

Por otra parte, cuestionaron el hecho de que “la Fiscalía pretende utilizar interceptaciones de 2018 para darle un sentido ilegal al proceso en conversaciones donde se hablan de negocios normales de la empresa”.

Por esto, reiteraron, “la discusión jurídica entre la Fiscalía y los abogados de la defensa sobre la legalidad del contrato, fue lo que llevó al convencimiento del Juez Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Santa Marta, Jairo de Jesús Ramos Lago, de que los elementos necesarios para imponer una medida de aseguramiento no eran suficientes y en esa misma audiencia expresó que se abstenía de imponer cualquier clase de medida contra Dairo Navarro Pacheco (representante de Estrada Navarro S.A.S.) e Isaura Ferrer vergara (representante de FUSBA), ordenando su libertad inmediata y sin que se hubiese hablado algo de defraudación”.

Dairo Navarro e Isaura Ferrer se habían presentado voluntariamente ante la Fiscalía para atender los requerimientos, en audiencias que se cumplieron en la ciudad de Santa Marta.

Finalmente, lamentaron que el convenio 2018 concluyó el 6 de septiembre, pero a raíz de esta situación no fue prorrogado.

Por esta razón, a partir de esa fecha y al día de hoy “los niños no tienen el beneficio de este programa y se ha presentado una deserción escolar”.