Con 9 hallazgos fiscales por $3.757 millones, La Guajira se convirtió en el departamento de la Región Caribe donde más se han presentado irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar –PAE-, de acuerdo a la reciente Actuación Especial que sobre el mismo realizó la Contraloría General de la República.

Igualmente, la CGR estableció en el departamento de La Guajira 38 hallazgos administrativos con posible incidencia disciplinaria y 1 con presunto carácter penal.

Las mayores deficiencias se presentaron en los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha.

Uno de las situaciones evidenciadas es que los operadores incumplen con la minuta y, puntualmente, en los municipios de Manaure y Uribia, el equipo auditor evidenció estudiantes que no reciben la ración muy a pesar de ser cobrada por el operador. Por ejemplo: se contrata el suministro de 500 raciones y solo se entregan 200 raciones.

Algunos operadores establecen un recaudo de $100 y $200 para el servicio de alimentación escolar; y las planillas de control de entrega son diligenciadas por las manipuladoras generalmente al finalizar la semana, es decir, que el control y seguimiento no es realizado en tiempo real.

Como sucede en otros departamentos, en La Guajira se evidencia claramente una concentración de las contrataciones, en este caso con la Corporación Gestión del Recurso Social y Humano -GERS-, a través del contrato de aporte No. 202 de 2015 por valor de $404,6 millones, y la Corporación Corazón País, con el contrato de aporte No. 436 de 2014 por valor de $2.649 millones.

Estas mismas organizaciones suscribieron contratos en el municipio de Maicao, según consta en los contratos No. 436 de 2014 por valor de $772 millones y No. 154 de 2015 por valor de $1.600 millones, respectivamente.

La Contraloría evidencio en Maicao un daño fiscal por $523,8 millones, generado por el pago de gastos administrativos y operativos ya incluidos en el valor de la ración y cancelados adicionalmente, según contrato 005 de 2015 suscrito con el Consorcio Manos Unidas por Colombia.

A su vez, el municipio de Uribia suscribió 19 contratos con diferentes asociaciones indígenas, donde se reconoció un mayor valor por ración, lo que generó un detrimento patrimonial por $451,2 millones, correspondiente a convenios ejecutados en la vigencia 2014. También en el 2015 se cancelaron mayores valores por ración, lo que originó un detrimento por $534 millones.

En este mismo municipio se dejó un hallazgo fiscal por pago de costos operativos según Convenio de Asociación celebrado con la Asociación de Proyectos Sociales para el Desarrollo Integral Asoprodein, lo que generó un daño fiscal por  $629,2 millones.

En el caso del municipio de Manaure, no se cumplen con los lineamientos del PAE, los comedores de las Instituciones están en condiciones deplorables y antihigiénicas, los estudiantes consumen los alimentos en el suelo, el agua que se utiliza es sucia y no se ejecuta el programa de manejo de residuos.

En cuanto a la gestión fiscal, en el contrato de suministro 076 de 2014 suscrito con la Asociación Creando Futuro Asocref, se cancelaron costos operativos que no pueden ser cancelados con estos recursos ($238,8 millones), lo que se estima como daño patrimonial.

En el año 2015, en el contrato 051 de 2015, suscrito con la Corporación Corazón País, se le reconoció al operador mayores valores por ración, que suman $851 millones; adicionalmente el operador dejó de entregar las raciones por un término de 15 días, y en su defecto hizo entrega de paquetes o mercados, lo que no está establecido en los lineamientos y contraviene la finalidad del programa.

Finalmente, en el municipio de Riohacha, por falta de suministro del componente frutal indicado en la minuta, se constituye un detrimento por $221,8 millones, toda vez que en desarrollo del Convenio 001 de 2014 suscrito con la Fundación Luz y Vida, tal componente fue cobrado por el operador, pero no suministrado a los estudiantes.

En el año 2015, se firmó con la misma Fundación el Convenio 004 y, por los mismos hechos que se dieron en el convenio anterior, sumado al pago de raciones no certificadas, se generó un detrimento por $75,6 millones.