Las empresas Promigas, TGI filial del Grupo Energía Bogotá, Promioriente, Transmetano y Transoccidente, emitieron un comunicado en donde rechazan la orden del Gobierno de devolver más de $150 mil millones a usuarios de gas natural por cobros adicionales en transporte.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) determinó que se aplicó un incremento en la tasa de descuento del costo de capital (WACC) que elevó la componente de transporte en las tarifas.

Indicó que, en 2023, mediante la Resolución CREG 102 002, el WACC pasó de 10,94% a 11,88%, lo que permitió a empresas transportadoras como TGI —filial del Grupo de Energía de Bogotá— y Promigas —vinculada al Grupo Aval— incrementar los costos en la componente de transporte. Dichos aumentos fueron trasladados a los usuarios finales del sistema.

Las empresas indicaron que "han aplicado de manera estricta, transparente y rigurosa la regulación expedida por la CREG, incluyendo la metodología tarifaria y la aplicación de la tasa de descuento vigente de la manera correcta para la actividad de transporte de gas natural".

"Las Compañías Transportadoras reiteramos que hemos aplicado de manera estricta la regulación vigente y no hemos generado ni trasladado a los usuarios sobrecostos en el transporte de gas y, por lo tanto, no habría lugar a devoluciones", señalaron.

Indicaron que, en laudo arbitral de fecha 11 de febrero de 2026, que decidió las diferencias entre Transmetano y EPM sobre la tasa de descuento aplicable a la actividad de transporte, "se concluye que la transportadora ha obrado conforme a la regulación y que, por lo tanto, ha aplicado la tasa correcta".

Expresaron que a la fecha, las Compañías Transportadoras no han sido notificadas de ninguna decisión administrativa que ordene la devolución de recursos en los términos señalados en el comunicado. 

"Una vez se conozcan oficialmente los actos administrativos correspondientes, se procederá a analizar su contenido y alcance con el rigor técnico y jurídico que corresponde y, de ser necesario, acudiremos a las instancias judiciales competentes para garantizar el respeto del ordenamiento jurídico, la seguridad jurídica y las competencias institucionales previstas en la legislación colombiana", manifestaron.

"Las Compañías Transportadoras reiteran su compromiso con los usuarios del servicio público de gas natural, con el respeto a la Constitución Política, la ley, la transparencia, y la observancia de las decisiones judiciales y del marco normativo y regulatorio vigente, que son esenciales para garantizar la prestación eficiente del servicio público de gas natural", finalizaron.