El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca llegó al poder en 2004 como uno de los políticos más populares del país, pero hoy el exlocutor de radio pasó a la historia como el primer exmandatario de la democracia salvadoreña condenado por corrupción.

"Este día se ha hecho historia en El Salvador con la condena del expresidente Saca a 10 años de prisión y a una responsabilidad civil de más de 260 millones de dólares, con lo que estamos sentando un precedente histórico en investigaciones contra la corrupción", dijo el fiscal salvadoreño, Douglas Meléndez, después de conocerse el fallo.

Fueron tres jueces de la capital los encargados de marcar este hito en la joven democracia salvadoreña, instalada apenas en 1984, al emitir un resolución por el desvío y lavado de más de 300 millones de dólares por Saca y una estructura que montó en la Presidencia.

"El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condena al señor Elías Antonio Saca a 5 años de prisión por el delito de peculado y 5 años por el delito de lavado de dinero", dijo el juez Alejandro Guevara.

El juzgador señaló que "al escuchar las declaraciones de estos personajes, la prueba documental y pericial se determinó que lo que habían confesado era verídico".

En un movimiento legal inesperado, Saca y cinco de sus seis excolaboradores procesados aceptaron confesar en un "juicio abreviado" la forma en la que extrajeron y lavaron los fondos públicos a cambio de penas mínimas y evitaron así condenas de hasta 30 años.

Guevara señaló que el trato que realizó la Fiscalía, a pesar de desconocer el destino de 191 millones que fueron sacados en efectivo, fue un "limite" y un "valladar" para establecer la condena por "lo defraudado, lo saqueado al Estado y lavado".

La legislación salvadoreña señala que los jueces no pueden imponer una condena mayor a la pactada entre imputados y Fiscalía en un "juicio abreviado".

"No veníamos a una sorpresa, lógicamente veníamos a algo que ya estábamos claros que iba a haber una condena", dijo a periodistas Mario Machado, el abogado de Saca, quien por su parte se negó a dar declaraciones.

El letrado aclaró que al aceptar pactar la confesión con la Fiscalía, Saca y sus cómplices renunciaron a la posibilidad de apelar la decisión judicial.

El tribunal también condenó a 10 años de cárcel al secretario privado de Saca, Elmer Charlaix, principal hombre de confianza del exmandatario y segundo al mando en la trama de corrupción.

Los exsecretarios de Juventud y Comunicaciones, César Funes y Julio Rank, purgarán 5 años de cárcel cada uno por lavado de dinero.

El exgerente financiero de la Presidencia Francisco Rodríguez Arteaga fue condenado a 6 años de prisión por los mismos dos delitos que Saca y Charlaíx, mientras que el exjefe de la Tesorería del Gobierno Jorge Alberto Herrera pagará 3 años de cárcel.

La pena más alta, de 16 años de cárcel, la recibió Pablo Gómez, quien no se acogió al beneficio del "juicio abreviado" y aseguró en una declaración indagatoria que era el último con decisión en la Presicencia y que solo "obedeció ordenes".

Estos últimos tres fueron los operadores de la estructura, encargados de mover los fondos de las cuentas estatales a privadas y de sacar dinero en efectivo.

Una de las sorpresas dadas por los jueces de sentencia fue la condena por "responsabilidad civil", dado que se esperaba que dejaran este asunto en manos de una corte de Extinción de Domino o Civil, que tienen abiertos procesos contra los condenados.

La condena civil establece que Saca debe pagar al Estado más de 260 millones de dólares, Charlaix 15 millones de dólares y Rank 8,3 millones.

Por su parte, Arteaga deberá reintegrar 7 millones de dólares, Castellanos 3 millones de dólares y Gómez 5 millones, que totalizan 300 millones de dólares "exactos".

"Los imputados son responsables civilmente de los hechos y consideramos procedente condenarlos", dijo la jueza María Ábrego, quien no detalló la razón por la que esta condenado no abarca los 300.347.117,17 dólares "saqueados".

El jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF), Jorge Cortez, aseguró que la "investigación del caso Saca no esta cerrada", y que evaluarán tomar acciones contra más "personas naturales y jurídicas", como el partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Esta formación, que se mantuvo en el poder entre 1989 y 2009 y busca regresar en las elecciones de 2019, recibió 7,6 millones del dinero malversado y se benefició con campañas publicitarias por más de 3 millones.

Los casos de corrupción que implican a expresidentes del empobrecido país centroamericano, incluido Mauricio Funes (2009-2014) y Francisco Flores (1999-2004), suman más de 666 millones de dólares.

EFE