El expresidente de la Corte Constitucional de Colombia Alejandro Linares presentó este martes una acción judicial urgente para pedir la suspensión provisional del aumento del salario mínimo del 23,7 % para el 2026, al alegar que fue decretado por el Gobierno "sin el diálogo obligatorio con empresarios y sindicatos".

En una acción de tutela (recurso de amparo), el exmagistrado, como apoderado de un ciudadano, argumenta que el aumento del 23,7 % decretado por el presidente Gustavo Petro, a finales de diciembre pasado, también puede tener un impacto inmediato en el empleo y las pequeñas empresas.

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La medida, radicada ante un juez este martes, fue interpuesta contra la Presidencia de la República y los ministerios de Trabajo y de Hacienda, y cuestiona los decretos mediante los cuales el Ejecutivo estableció el salario mínimo legal mensual vigente y el auxilio de transporte para este año en dos millones de pesos (unos 538 dólares).

Según el escrito conocido por EFE, el Gobierno "vulneró el derecho fundamental al debido proceso" al fijar el salario mínimo sin una evaluación suficiente de sus efectos económicos y sin respetar plenamente el mecanismo de concertación tripartita, un proceso en el que participan el Estado, los empresarios y los sindicatos y que es habitual en Colombia para definir el aumento salarial anual.

En el documento el exmagistrado Linares advierte que la entrada en vigor de los decretos desde el 1 de enero pasado "genera un perjuicio inmediato para las micro, pequeñas y medianas empresas, así como para los trabajadores informales, al elevar de forma significativa los costos laborales y poner en riesgo la sostenibilidad de miles de negocios".

El recurso solicita al juez que suspenda temporalmente los efectos del aumento mientras la jurisdicción administrativa estudia una eventual suspensión provisional de los decretos, con el argumento de que se trata del único mecanismo judicial capaz de evitar un daño irreversible en el corto plazo.

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Este martes, y en paralelo a la acción judicial del exmagistrado Linares, el Consejo Gremial Nacional, integrado por las principales patronales de la industria colombiana, también solicitó a la Corte Constitucional dejar sin efecto el decreto del Gobierno que fijó el aumento del salario mínimo.

Asimismo, pide dejar sin efectos las medidas contempladas en el Decreto 1390 de 2025, firmado por el Gobierno el 22 de diciembre de 2025, donde se declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en Colombia por 30 días, buscando cubrir el déficit fiscal con medidas tributarias extraordinarias.

En Colombia el aumento del salario mínimo suele definirse mediante una negociación entre las centrales obreras y los empresarios que es mediada por el Gobierno Nacional a finales de cada años, si no hay acuerdo como ocurrió en diciembre pasado, el Ejecutivo puede fijarlo por decreto.

Esa decisión fue criticada desde diversos sectores que consideran exagerado el aumento porque al salario mínimo están indexados los aportes a la seguridad social o los copagos de la salud, entre otros, lo que acabará impactando en la inflación y corroyendo el ingreso de los trabajadores.

EFE.