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EFE

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El ‘Estatuto antiterrorista’ propone crear una Registro Nacional de Terroristas

Una vez sea radicada, la Ley estatutaria deberá pasar por el Congreso y ser estudiada por la Corte Constitucional.

Se han conocido detalles sobre el 'Estatuto antiterrorista' que radicará el Ministerio del Interior ante el Congreso, que incluye la creación de un Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas y de la Instancia Técnica del Consejo de Seguridad Nacional. 

También propone la creación de la acción de aprehensión preventiva abreviada sobre los bienes de organizaciones y actores listados, así como el fortalecimiento de las sanciones financieras dirigidas y el régimen integral de persecución del sistema de economías ilícitas que financian el terrorismo. 

El proyecto de ley propone la creación del 'Alto Comisionado de Lucha contra el Terrorismo' y un régimen penitenciario especial para cabecillas de organizaciones terroristas. 

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Asimismo, se crea una nueva definición para el terrorismo: será considerado una conducta individual, grupal o colectiva, que produce "miedo, pánico y zozobra, generando riesgos, amenazas o el uso de la violencia".

¿Qué significa esto?

El Gobierno de Abelardo De La Espriella ha propuesto la creación de esta ley para controlar no solo las protestas violentas en el país, sino la forma en cómo se entiende y responde ante los grupos criminales.

Por ejemplo, el Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas es un listado que puede ser consultado por las personas para conocer las organizaciones o actores que sean catalogados terroristas.

La Instancia Técnica del Consejo de Seguridad Nacional se encargará de la elaboración de la lista, pero será el Consejo de Seguridad el que, a través de un acto administrativo, incluya a las personas o grupos. 

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El Ministerio de Justicia, la Cancillería, la Unidad de Información y Análisis (Uiaf) y la Fiscalía serán los integrantes del Consejo de Seguridad.

Una persona o grupo terrorista que aparezcan en esta lista será cobijado con medidas como el "congelamiento" de sus fondos, activos y recursos económicos bancarios. 

No podrán contratar con el Estado y acceder a subsidios, beneficios, programas y recursos públicos. 

Por su parte, el Alto Comisionado contra el Terrorismo estará adscrito al Dapre, será escogido directamente por el Presidente para un periodo de cinco años y no contará con la posibilidad de ser reelegido. 

Tendrá que acreditar mínimo 10 años de experiencia en temas relacionados con la defensa y seguridad nacional en Colombia y alguna maestría en derecho, derechos humanos o Derecho Internacional Humanitario.

¿De qué se trata el régimen especial contra cabecillas? Los líderes de los grupos criminales podrán ser recluidos en establecimientos o pabellones exclusivos, sus comunicaciones se verán suspendidas, quedando solo habilitados los relacionados con su defensa.

Sus visitas serán limitadas y solo de familiares en primer grado.

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Además, fijó que quienes brinden su colaboración efectiva para la desarticulación de organizaciones terroristas podrán ver reducida su pena hasta en un 62%.

Estipula que la pena para quienes participen en asonadas contra la Fuerza Pública aumentará el doble, mientras que crea delitos y modifica las penas para conductas como el uso de drones, la minería ilegal, hidrocarburos, extracción y comercialización de oro, secuestro, contrabando, trata de personas, narcotráfico, extorsión, delitos informáticos, delitos electorales, asonadas y ataques contra infraestructura crítica.

Por otra parte, cuando una actuación beneficie a una organización o persona considerada terrorista, la pena podría aumentar una tercera parte. 

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