El Estado colombiano, en cabeza del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció su responsabilidad por la masacre de Bojayá, durante combates entre las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) el 1o. y 2 de mayo de 2002, ataque dejó 119 civiles muertos y 53 heridos.

El Estado no perpetró la masacre de Bojayá. Sin embargo, tenía la obligación constitucional, legal y moral de proteger a la población civil y de prevenir que, en medio de los enfrentamientos entre las extintas FARC y las extintas AUC, no resultara afectada, reconoció el MinDefensa.

Más de 24 años después, en el acto de reconocimiento se admitió que ese deber de protección no se cumplió y constituye un acto de responsabilidad con las víctimas, sus familias y con todo el país.

“Ante las comunidades y los familiares de las víctimas de este hecho atroz, este acto de reconocimiento de responsabilidad y de excusas públicas del Estado reafirma que no puede haber reparación sin verdad, ni garantías de no repetición si las instituciones no reconocen dónde fallaron para proteger a la población y si no mantienen el compromiso de no permitir que una tragedia como esta se repita”.

En el Acto de reconocimiento de responsabilidad y excusas públicas del Estado, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, afirmó que es imperioso recordar las fallas del Estado al no brindar una respuesta que protegiera efectivamente a la población civil.

“El Estado no brindó una respuesta pronta, efectiva y oportuna para proteger a la población civil del municipio de Bojayá y de las comunidades aledañas frente al inminente enfrentamiento entre grupos armados ilegales. Dicho riesgo era previsible y fue advertido por el Ministerio Público, organismos internacionales de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo. Esto provocó una respuesta tardía e insuficiente ante las solicitudes de apoyo realizadas por las autoridades locales y regionales, así como por organizaciones religiosas, comunitarias y de derechos humanos”, aseguró la Defensora del Pueblo desde el antiguo centro poblado Bellavista, cabecera municipal original de Bojayá, donde la comunidad fue víctima de un cilindro bomba lanzado por la entonces guerrilla de las FARC.

La masacre de Bojayá, ocurrida hace poco más de 24 años, se dio por una disputa entre las antiguas FARC y las AUC, la cual provocó el desplazamiento forzado de alrededor de 10.000 personas. 

La Defensora señaló que, si bien el Estado, junto con organismos internacionales y humanitarios, ha realizado intervenciones de reparación individual y colectiva, acciones de memoria y fortalecimiento institucional y comunitario, las acciones relacionadas con la protección de la verdad, la justicia y las garantías de no repetición siguen siendo una deuda aplazada.ilidad en masacre de Bojayá

Además, advirtió que las comunidades afrocolombianas e indígenas de los dos municipios continúan en riesgo como consecuencia de la persistencia y la transformación del conflicto armado, que trasciende el daño individual y compromete directamente las formas de vida colectiva, los procesos organizativos y de gobierno propio.

“Los jóvenes, adolescentes, niñas y niños de Bojayá y Vigía del Fuerte tienen derecho a un buen futuro, a acceder a los derechos sociales, culturales y ambientales en igualdad de condiciones que los del resto del país, sin los riesgos latentes de reclutamiento, uso y utilización o, en los casos extremos documentados, de suicidios en las comunidades”, hizo hincapié la Defensora.

Semanas atrás, durante un acercamiento con jóvenes de ambos municipios, la Defensoría del Pueblo conoció su deseo de contar con oportunidades reales. Es por ello que la entidad les solicitó a las dos alcaldías locales, a las gobernaciones del Chocó y Antioquia, así como al Ministerio del Deporte, trabajar en planes estratégicos deportivos que les permitan a niñas, niños, adolescentes y jóvenes construir un buen futuro.

Al acto asistieron funcionarias y funcionarios de los ministerios de Defensa, del Interior y del Deporte, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, miembros de las Fuerzas Armadas, representantes de las gobernaciones del Chocó y Antioquia, de las alcaldías municipales, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). También asistieron organismos multilaterales, congresistas, representantes de embajadas, entre otros. 

La Defensora del Pueblo añadió que nada repara la pérdida de las vidas humanas y los daños inmateriales; no obstante, dejó claro que la comunidad puede seguir contando con la solidaridad y el respaldo de la entidad.

“No me puedo despedir sin reiterarle al Comité de Víctimas Ampliado, al Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia) y a las comunidades indígenas que cuentan con la Defensoría del Pueblo para atender sus llamados, promover y proteger sus derechos, asesorar y orientar a las víctimas, auxiliar en las crisis humanitarias, seguir alertando cuando sea necesario —con la esperanza de que no tengamos que seguir haciéndolo— y hacer seguimiento y monitoreo de las alertas tempranas y de todos los servicios a los que tienen derecho, cuando y donde lo requieran”, puntualizó la Defensora Iris Marín Ortiz.