Como un experimento que ‘nació enfermo’ y que ahora se quiere repetir con el denominado ‘operador sanitario’, calificó el exgerente Ramón Quintero Lozano la situación que, de manera paulatina’ llevó al Hospital Universitario Cari ESE a la grave crisis que prácticamente lo mantiene en ‘UCI’.

El funcionario hizo un recuento de los hechos que, desde el mismo momento en que se produjo la transformación institucional de la entidad, tras el cierre del Hospital Universitario de Barranquilla, condujeron a su caótica situación.

Durante su visita a Zona Cero, Ramón Quintero afirmó que con el inicio de la era CARI ESE, en 2006 bajo la Gobernación de Carlos Rodado Noriega, también comenzaron los inconvenientes.

Señaló por ejemplo, que la transformación incluyó la firma de un convenio con los Ministerios de Salud y Hacienda, que amarraron la gestión de la institución, ya que se fijaron condiciones que alejaban a la entidad de su misión.

Fue así como se estableció, con base en un estudio de nómina y proyección pensional, que en los siguientes 10 años el CARI solamente debía contar con 81 personas de planta.

“Entonces, con 407 camas entre el Hospital Universitario y el Cari Mental lo que se hizo fue comenzar a tercerizar la contratación de personal, desde el primer momento. Es decir, indujeron a la tercerización del recurso humano”, comentó.

A lo anterior se sumó el hecho de que el mismo convenio determinó que no se podía abrir la urgencia en el Hospital, teniendo en cuenta que en ese entonces el Distrito de Barranquilla era el peor deudor de la ESE.

Y como tercer hecho surgió la creación de la estampilla Prohospitales, cuyos recursos serían destinados a compra de equipos médicos, mantenimiento hospitalario y pago de especialistas.

Sin embargo, de manera paralela, la Administración Departamental contrató con la Unión Temporal Ages la gestión de cobro de dicha estampilla, por un término de 5 años, con lo cual el contratista se quedaba con un porcentaje del recaudo.

Con ello, recalcó, lo que realmente sucedió fue que hubo una distracción de los recursos, lo que se evidenció aún más cuando fueron contratadas las obras de remodelación del CARI.

Para ello, los recursos de la estampilla fueron pignorados a siete años para pagarle a los contratistas de las obras.

Adicionalmente, la Asamblea del Atlántico, en 2007, creó la Gerencia de Mantenimiento Hospitalario, dentro de un organigrama en el que el Gerente era pagado por la Gobernación del Atlántico.

No obstante, lo que se vio después fue que el Gerente creó un equipo burocrático con 18 personas, con cargo a las exiguas rentas de la deteriorada estampilla.

Para el exgerente Ramón Quintero Lozano la situación se complicó aún más con la contratación de por lo menos 14 aliados para la prestación de los diferentes servicios.

En esas contrataciones, los aliados se quedaban con el mayor porcentaje de los recaudos por servicios prestados, mientras el Hospital recibía una mínima participación.

Dijo que uno de los casos más significativos fue el de Radiólogos UT, que tenía el compromiso de invertir $5.700 millones en los primeros tres meses de operación, quedándose el aliado con el 84% de la facturación de imágenes, correspondiéndole al CARI el 14% restante.

Precisó que esta sociedad estaba conformada por Tomás Uribe Carriazo (20%), César Carriazo (40%) y Outsourcing Express (40%), “quienes trabajaban con los equipos del Hospital y se quedaban con el 84% de la facturación”.

Agregó que cuando ingresó a la Gerencia del Hospital, en octubre de 2008 se intentó una renegociación para aumentar la participación de la institución al 21%, pero los socios aliados manifestaron que, más bien, harían una inversión de $500 millones proporcional al componente accionario de ellos. Es decir, $200 millones cada uno de los dos socios con el 40% y $100 millones el que contaba con el 20%, advirtiendo que quien no dispusiera los recursos se quedaba en el camino, propuesta que fue rechazada por la Gerencia.

“Entonces, compraron un Tomógrafo y un Resonador Magnético, este último a través de un leasing de una firma de César Carriazo. Pero cuando el CARI se demoraba en pagarles ellos no pagan las cuotas y cortaban los servicios. Este fue el principal problema del CARI para funcionar. En diciembre de 2013 suspendieron los servicios y trataron de llevarse los equipos y finalmente en 2014 sacaron el Tomógrafo y suspendieron los servicios y luego, en 2015, el Ministerio de Salud entregó un Tomógrafo al CARI”, recordó.

Luego, indicó, la UT inició una disputa en la que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado aceptó defender los intereses del CARI, siendo fallada la demanda a favor de la institución a través del Juzgado 12 Civil del Circuito.

Para Ramón Quintero Lozano, el Gobierno hizo un experimento con el CARI, como el que quiere hacer ahora con el denominado ‘operador sanitario’, sin tener en cuenta la vida de la gente.

“Cuando estábamos en la Gerencia del CARI la parte humana era lo primordial. Siempre se atendió a todo el mundo, sin restricción alguna. Nunca dejamos de atender a una sola persona”, puntualizó.