“En mi concepto, no hay opción con Enel Américas —socia del Grupo Energía de Bogotá (GEB), a través de Codensa y Emgesa—. Creo que finalmente no participará en el proceso para asumir la operación eléctrica en la Costa Caribe”, le contó a Valora Analitik el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay.

Si bien la multinacional de energía, y uno de los principales operadores integrados globales en los sectores de la energía y el gas, aclaró que no ha tomado ninguna decisión de presentar una oferta formal para comprar Electricaribe, es el único proponente que recibió el Gobierno.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) rechazó contemplar la adquisición, luego de la contingencia de Hidroituango desde el 12 de mayo de este año.  

El director financiero de Enel, Alberto De Paoli, manifestó el interés en la electrificadora, según Reuters, que se confirmó con la compra de un paquete de información sobre la empresa de energía para analizar su estado.  

Turbay añadió que la empresa está participando a sabiendas que de ser escogida pasaría los límites de ley. El funcionario pidió a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) que se declare el proceso desierto.  

“Los límites son necesarios. Necesitamos estabilidad tarifaria y recuperar mercados no regulados. Enel no terminará en nada y la región seguirá padeciendo. Es urgente que los ministerios de Minas y de Hacienda le hablen claro a la región, estamos en el peor de los escenarios. El plan A, sin futuro y el Plan B no existe”, comentó.

El tope regulatorio para la comercialización y distribución de energía es del 25 %. Hoy, de acuerdo con el Sistema Único de Información (SUI), posee como agente el 23,58 % del mercado para la venta y suministro de corriente (Bogotá y Cundinamarca). La Costa Atlántica representa el 22 %.

A su juicio, la única salida “es la que no le gusta al Gobierno; el Estado debe asumir la inversión, recuperar el tiempo perdido y garantizar el servicio en la región. Es un tema de urgencia, de decisión estratégica y tomará años poner a la empresa como debería estar para prestar un servicio decente”, precisó.

Añadió, que “estamos” solicitando se convoque mesa de decisión de manera urgente y prioritaria, “pues si el proceso con Enel está lleno de prohibiciones legales, para que seguir perdiendo tiempo”.

Por último, enfatizó en que la solución es que el Gobierno, que ya administra la empresa a través de la Superintendencia de Servicios, lo siga haciendo con un plan de inversiones que conduzca a la solución definitiva.

Tomado de Valora Analitik
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