La Contraloría General de la República evidenció presuntas irregularidades administrativas y financieras por un valor total de $3.765.833.424, distribuidos en dos contratos ejecutados por la Gobernación del Magdalena. Esto de acuerdo con una auditoría de cumplimiento a los recursos transferidos a ese departamento por el Sistema General de Participaciones (SGP – Salud Pública y Oferta) y el Fondo Local de Salud, correspondientes a las vigencias 2023 y 2024.

Ejecución de contrato con el Hospital Julio Méndez Barreneche

En 2023, la Gobernación del Magdalena celebró el contrato CI-776-2023 con la E.S.E. Hospital Julio Méndez Barreneche, por un valor final de $4.362 millones, para desarrollar acciones de gestión en salud pública. Sin embargo, la Contraloría verificó que las actividades ejecutadas "no correspondieron al anexo técnico firmado contractualmente, sino a un documento paralelo sin respaldo contractual".

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Adicionalmente, se detectó que "no se aportó evidencia documental de la adquisición, almacenamiento ni distribución de insumos por valor de $1.867.757.554, que incluían reactivos de laboratorio, equipos biomédicos, y elementos para control de enfermedades. Tampoco se allegaron los contratos del personal técnico vinculado, ni soportes de costos discriminados por actividad", de acuerdo con el ente.

Este hallazgo fue calificado con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, siendo trasladado a la Procuraduría General de la Nación para las investigaciones correspondientes.

Adquisición de equipos biomédicos sin registros ni soporte documental

En 2024, la Gobernación del Magdalena ejecutó el contrato PS-0991-2024, por $4.930 millones, para el fortalecimiento de la gestión en salud pública. En este marco, se registraron pagos por $1.898.075.871 en adquisición de equipos biomédicos, mejoramiento de infraestructura y aparatos de laboratorio, "sin que existan documentos de soporte como facturas, ingresos a almacén o informes del supervisor que acrediten el cumplimiento contractual", explicó la Contraloría. 

La propia entidad reconoció que los equipos fueron instalados directamente sin pasar por el procedimiento formal de ingreso a almacén, lo que "constituye un incumplimiento contractual y una omisión de control sobre bienes adquiridos con recursos públicos".

Este hallazgo también fue validado con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, y será trasladado a la PGN.

Llamado de la Contraloría

La Contraloría General de la República reiteró que los recursos del Sistema General de Participaciones y del Fondo Local de Salud "están destinados exclusivamente a la prestación eficiente, oportuna y documentada de servicios de salud pública, y cualquier desviación, falta de soportes o incumplimiento contractual constituye un riesgo fiscal, disciplinario y eventualmente penal".

Y aseguró que "continuará ejerciendo el control fiscal con enfoque preventivo y correctivo, en coordinación con los órganos de control competentes, para garantizar que cada peso público se traduzca en bienestar efectivo para la ciudadanía".

*Con información de Contraloría General de la República