La Procuraduría, a través del seguimiento permanente que realiza a Colpensiones, alerta en un primer diagnóstico sobre la situación de la entidad en el que se refleja la grave congestión y retraso en la decisión de prestaciones económicas que podrían afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El ente de control, mediante requerimientos y visitas administrativas, recibió un informe con corte a 31 de agosto del presente año con un total de 71.402 casos pendientes por decidir, de los cuales 18.385 se encuentran con términos vencidos, y para lo que, no se cuenta con el personal suficiente para ser atendido.

De esta forma, la Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, afirmó que en el año 2015 cuando se levantó el estado de cosas inconstitucionales, la entidad tenía 11.063 solicitudes vencidas, por lo que, el fortalecimiento de Colpensiones, en general, se había venido manteniendo como una entidad técnica y bajo parámetros de idoneidad, experiencia y eficacia.

El Ministerio Público solicitó conocer las acciones o planes previstos a la fecha ante la contingencia y advierte, además, que el retiro de funcionarios con experiencia técnica especifica, podría generar un aumento en el retraso de las decisiones de prestaciones económicas.

El 1 de septiembre de 2023, la oficina de talento Humano de Colpensiones certificó que entre el 1 de diciembre y el 31 de agosto de 2023 se liquidó en la nómina de servidores públicos por concepto de indemnizaciones la suma de mil doscientos veintiséis millones sesenta y un mil ocho pesos ($1.226.061.008).

El organismo de control sostiene que las decisiones administrativas adoptadas en los últimos meses generan preocupación en el ambiente laboral al interior de la entidad, lo cual ha conllevado a la creación de nuevos sindicatos.

Respecto al proyecto de reforma que propone el gobierno, el Ministerio Público advierte que la implementación de un nuevo modelo pensional que estaría a cargo de Colpensiones, requiere de una entidad sólida, técnica, que garantice el debido proceso, los derechos fundamentales, se proteja el patrimonio público y de los afiliados.

La Procuraduría continuará practicando visitas y solicitando informes con el fin de ejercer la vigilancia superior en defensa de los derechos de afiliados, pensionados y funcionarios.

*Con información de Procuraduría General de la Nación