En desarrollo de la Operación 'Europe Express', la Fiscalía General de la Nación desmanteló un grupo de delincuencia organizado (GDO) dedicado a ofrecer y suministrar, desde Barranquilla, ‘servicios’ para la obtención de documentos de identidad colombianos fraudulentos a migrantes de República Dominicana y Venezuela.

La operación judicial, liderada por un equipo de fiscales de casos priorizados de la Delegada contra las Organizaciones Criminales, logró la materialización y legalización de la captura de 31 personas y contó con el decisivo apoyo y trabajo articulado de la Dijin de la Policía Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de Investigaciones Criminales del Servicio de Seguridad Diplomático de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia.

Las personas fueron capturadas en Bogotá y distintas ciudades y municipios de los departamentos del Atlántico, Córdoba, Amazonas, Caquetá, Cesar, Sucre y La Guajira, presuntamente contribuían de manera coordinada en las actividades de la organización ilegal dedicada al trámite y suministro de registros civiles de nacimiento, cédulas de ciudadanía y pasaportes fraudulentos.

Con base en la información obtenida hasta ahora, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha anulado 344 cédulas falsas que habrían sido entregadas por el grupo delincuencial, principalmente, a migrantes dominicanos y venezolanos.

Según la investigación adelantada a la fecha, la organización cobraba entre dos mil y cuatro mil quinientos dólares por suministrar documentos falsos a migrantes, quienes con esas aparentes identidades colombianas viajaban a México o Guatemala para cruzar, por vía terrestre, a los Estados Unidos. Algunos de ellos se dirigían a países europeos para quedarse allí o buscar por esa ruta ingresar a Norteamérica.

El grupo delincuencial tendría dos cabecillas: un ciudadano dominicano y una colombiana, cuya actividad se vendría realizando desde 2021, tendría un considerable número de captadores, colaboradores, tramitadores y en la que también estarían vinculados algunos familiares de ella. Al menos 11 personas se encargarían de buscar a los migrantes para ofrecer, tramitar y obtener documentos adulterados. A su vez, 3 empleados y 6 exfuncionarios de la Registraduría estarían a cargo de ubicar registros civiles de personas no ceduladas para suplantarlas, mientras 3 empleados y 5 extrabajadores de la Cancillería se encargarían de “formalizar” en pasaportes las falsas identidades. Con esa documentación fraudulenta, que les daba apariencia de ciudadanos colombianos, los migrantes viajaban con facilidad por distintos países.

Ante jueces de garantías y de acuerdo con la individualización de los presuntos roles que ocuparon en la organización delincuencial (cabecillas, captadores/tramitadores, colaboradores o servidores públicos), la Delegada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación imputará cargos por conductas relacionadas con delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito. Además, solicitará contra las 31 personas capturadas medida de aseguramiento privativa de la libertad.