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Jesús Santrich
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Desde la cárcel ‘Jesús Santrich’ pide elección transparente de nuevo operador de Electricaribe

El pronunciamiento se hizo público en una declaración en debate en el Senado en un documento leído por Pablo Catatumbo.

En el debate este miércoles en la Comisión V del Senado, en donde se analizó la situación de crisis de Electricaribe, el congresista Pablo Catatumbo leyó una declaración en la que Seuxis Paucias Hernández Solarte pide una “elección transparente del nuevo operador”.

“Que tenga la garantía de inversión para poder cubrir la modernización de toda la red eléctrica de la región y que pueda mantenerla en óptimas condiciones, realizando una correcta gestión”, señala ‘Santrich’ en su carta.

Paucias Hernández hace un llamado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de Minas y Energía, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Procuraduría General de la Nación “para atender esta difícil situación que vive la población de la costa caribe a través de la prestación de este servicio y la vigilancia al proceso de elección para el nuevo operador, rechazamos las últimas declaraciones del hoy ministro de Hacienda”.

El texto completo de la declaración es el siguiente:

El Representante a la Cámara Seuxis Paucias Hernández Solarte del Departamento del Atlántico, por el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC, como parte del ejercicio de sus funciones parlamentarias en concordancia con el Acto Legislativo 03 de 2017 y la resolución No. 1597 del 2018 del Consejo Nacional Electoral quien lo acredita como congresista, deja constancia de:

La prestación del servicio de energía en la Costa Caribe ha venido siendo una de las problemáticas más grandes de la región en los últimos años. La cual se intentó solucionar a través de la privatización de las electrificadoras de esta región hace 18 años, y a pesar de solucionar algunos problemas, fue insuficiente, dejando a la región con una brecha en la prestación de este servicio respecto a otras regiones del país. La situación, deja a la Costa al nivel de algunos países de África subsahariana y afecta seriamente a la población, por tanto esta debe ser una prioridad para este Congreso.


A pesar de haber tenido tres grandes inversionistas durante estas décadas, fue insuficiente para Electricaribe sostener el servicio de energía a la región, situación que fue evidenciada con el enorme cúmulo de deudas que no sólo están representadas en la mora de los consumidores, sino también de la empresa, con un pasivo pensional de alrededor de 1,3 billones de pesos y afectando al 25% de la demanda de energía del país, al cual tienen acceso cerca de 2,5 millones de usuarios y afectando la productividad industrial y el bienestar de la región.
 

Luego de la intervención por parte del Estado, es imprescindible la elección transparente del nuevo operador que brindará este servicio a la población de la costa caribe, que tenga la garantía de inversión para poder cubrir la modernización de toda la red eléctrica de la región y que pueda mantenerla en óptimas condiciones, realizando una correcta gestión, de manera que pueda garantizar la calidad y continuidad del servicio, sin que eso represente un aumento de las tarifas para los usuarios, que han venido sufriendo todo tipo de atropellos en la prestación de este servicio desde hace más de 20 años.

Hacemos un llamado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de Minas y Energía, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Procuraduría General de la Nación para atender esta difícil situación que vive la población de la costa caribe a través de la prestación de este servicio y la vigilancia al proceso de elección para el nuevo operador, rechazamos las últimas declaraciones del hoy ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en donde ha mostrado el interés en subir las tarifas a los usuarios de este servicio cargando sobre la población, las fallas de un sistema que nunca funcionó. La solución no está en atacar al usuario, este es un problema estatal y por tal debe haber una solución real por parte del Estado y sus instituciones sin atacar al usuario, a quien se le ha vulnerado el derecho de tener un servicio óptimo y de calidad.

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