Organizaciones para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil de Colombia denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el "negacionismo" por parte del Gobierno colombiano del "continuismo" de los paramilitares en el país andino.

Durante las audiencias celebradas hoy para analizar los retos que enfrenta la nación tras la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), representantes de diversos grupos sociales advirtieron de que esta realidad "pone en riesgo la oportunidad que tiene el país".

Franklin Castañeda, representante del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, aseguró ante los comisionados que "el Gobierno colombiano ha negado la existencia de grupos paramilitares", con el argumento de que no desea concederles un estatus político, aunque la Corte Suprema de Justicia ya cerró ese debate.

"Los grupos paramilitares no tienen un estatus político, porque nunca se han enfrentado al Gobierno colombiano", reiteró Castañeda, quien, sin embargo, subrayó que el paramilitarismo está incrementando su presencia en el territorio colombiano al tratar de ocupar los espacios que está dejando la guerrilla.

"La existencia de grupos paramilitares nos está costando la paz y nos está costando la vida", reiteró el peticionario.

Danilo Rueda, defensor de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz, denunció que "los paramilitares controlan la provisión de recursos de primera necesidad en comunidades rurales", lo que impacta de manera directa en las comunidades más vulnerables.

No obstante, los peticionarios reconocieron que los acuerdos de La Habana contemplaron concretamente el tema de los paramilitares y reclamaron "actuaciones de manera inmediata conforme a lo que establecido" en Cuba.

Por su parte, el Gobierno colombiano, que acudió a las audiencias con una representación "sin precedentes y al más alto nivel", no quiso entrar a debatir el concepto sobre los paramilitares y en casi todo momento habló de bandas criminales o mafias.

Tanto el representante permanente de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Andrés González, como el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, subrayaron que la tasa de homicidios en el país es la más baja en 40 años y ambos reconocieron los "retos" que enfrenta la implementación del proceso.

En una rueda de prensa posterior a las audiencias, Cristo reiteró que "la discusión sobre si existe o no paramilitarismo en Colombia no va a salvar a más defensores de derechos humanos" e insistió en que el Gobierno está trabajando "para que no se produzca ni una muerte más" de líderes sociales.

"Las mafias de la minería ilegal, del narcotráfico, el Clan del Golfo, pretenden tomar el control territorial de las zonas dejadas por las FARC y encuentran obstáculos en los líderes sociales, por lo que están tratando de eliminarlos, de asesinarlos", argumentó el ministro.

Según datos de Naciones Unidas, que el Gobierno colombiano considera oficiales, en 2016 fueron asesinados en Colombia 64 líderes sociales y este año 17, lo que muestra una tendencia decreciente. 

EFE