La Defensoría del Pueblo rechazó el "paro armado" de 22 días en los departamentos del Caquetá y Putumayo, decretado por un frente del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.

En los paros armados, este grupo armado ilegal suele restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y ríos; la movilidad de las personas, e incluso ordena el cierre de comercios, además de cometer agresiones y amenazar a todo aquel que no cumpla estas restricciones.

"Estas amenazas afectan derechos fundamentales, profundizan el miedo en las comunidades e infringen gravemente el Derecho Internacional Humanitario. Nada justifica someter a la población civil con intimidaciones o presiones", dijo la Defensoría del Pueblo en su cuenta de X.

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Según ese organismo, el "paro armado" lo ordenó el frente Carolina Ramírez en los departamentos de Caquetá y Putumayo entre el 9 y el 30 de diciembre.

Ante la situación, la Defensoría dijo que activó sus sistemas de alerta para acompañar a las comunidades y verificar posibles afectaciones.

Igualmente instó a las autoridades a garantizar la seguridad y movilidad, con especial atención a niños, niñas, adolescentes, personas mayores y comunidades étnicas.

"La ciudadanía no puede ser rehén de grupos armados. La dignidad y la vida están por encima de cualquier pretensión de control territorial", concluyó la Defensoría.

Control territorial

Hace una semana Human Rights Watch (HRW) alertó que los grupos armados que operan en el departamento del Putumayo están utilizando las negociaciones de paz con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han cometido graves abusos contra comunidades indígenas.

Pese a que algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, varias disidencias de las extintas FARC, como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona.

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Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por el departamento vecino de Nariño.

Actualmente, dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo están en negociaciones de paz con el Gobierno. Por un lado, los Comandos de la Frontera, parte de una coalición conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera a lo largo de la frontera con Ecuador.

Por otro lado, el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y tiene fuerte presencia en el norte de Putumayo, en la frontera con los departamentos de Caquetá y Cauca.

Mientras tanto, el Frente Carolina Ramírez, que opera al oriente de Putumayo, estuvo en diálogos de paz con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones. 

La Defensoría del Pueblo rechaza el reciente anuncio de paro armado realizado por el frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central (EMC) en los departamentos de Caquetá y Putumayo entre el 9 y el 30 de diciembre. Ningún actor armado puede restringir ilegalmente la movilidad ni…

— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) December 11, 2025

EFE