La Defensoría del Pueblo rechazó la "campaña de desprestigio y desinformación" que se ha desarrollado durante las últimas semanas contra la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Julieta Lemaitre Ripoll.

"Estos ataques, que incluyen expresiones de violencia de género, no solo afectan su buen nombre y su integridad, sino que constituyen una preocupante forma de deslegitimación de la justicia", expresó el organismo.

Señaló que entre las publicaciones que han alimentado esta campaña se encuentran pronunciamientos de la senadora María Clara Posada y del senador Germán Rodríguez, en los que se han difundido fragmentos descontextualizados de diligencias judiciales para insinuar una supuesta cercanía o complicidad de la magistrada con antiguos integrantes de las FARC-EP. 

Rechazamos la campaña de desprestigio y desinformación que se ha desarrollado durante las últimas semanas contra la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Estos ataques, que incluyen expresiones de violencia de género, no solo afectan su dignidad y buen nombre, sino que también atentan contra la independencia judicial y debilitan la confianza en la administración de justicia. El país tiene todo el derecho a debatir el presente y el futuro de la JEP, evaluar sus resultados y proponer reformas. Sin embargo, ese debate debe darse con argumentos, información verificable y respeto por la separación de poderes, no mediante la desinformación, la estigmatización ni los ataques personales contra quienes administran justicia. Quienes ejercen cargos de representación política tienen una responsabilidad especial frente a la calidad del debate público. La democracia se fortalece cuando las diferencias se discuten con argumentos, no cuando se utilizan para desacreditar a las personas o presionar a la justicia. Defender la independencia judicial no significa impedir la crítica ni las reformas, sino garantizar que estas se tramiten dentro de los principios del Estado de derecho y con los derechos de las víctimas en el centro. 👉🏽 Ver pronunciamiento de la Defensora del Pueblo, @MarnIris. 📄 Leer más aquí: https://t.co/9GOlRSaydK 🧵👇🏽

— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 24, 2026

"También se han utilizado expresiones como “anda de amores con Timochenko”, que trasladan la discusión del terreno jurídico a ataques personales que pretenden presentar como cierta información falsa y que están basados en estereotipos de género", manifestó la Defensoría.

En ese sentido, indicó que ladesinformación no puede convertirse en instrumento del debate político. 

"Las acusaciones contra la magistrada desconocen los resultados verificables de su trabajo judicial. De acuerdo con la JEP, su despacho ha emitido nueve autos de imputación contra 74 comandantes de las extintas FARC-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos secuestro, asesinato, tortura, violencia sexual y desaparición forzada. Las investigaciones dirigidas por la magistrada en el Caso 01 contribuyeron, además, a que el Tribunal para la Paz condenara a los integrantes del antiguo Secretariado de esa guerrilla por los secuestros y otros crímenes cometidos durante el cautiverio", sostuvo.

"Presentar fragmentos aislados de audiencias como prueba de complicidad, omitiendo las investigaciones, las imputaciones, los reconocimientos de responsabilidad y las decisiones judiciales posteriores, distorsiona los hechos y desconoce avances importantes para los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia. Incluso puede revictimizar a quienes participaron en estos procesos", agregó.

Por otro lado, de acuerdo con la Defensoría, insinuar que las actuaciones de una magistrada obedecen a supuestas relaciones sentimentales con uno de los responsables de los crímenes que investiga "no es una crítica jurídica". 

"Es una descalificación sexista que recurre a estereotipos sobre las mujeres para cuestionar su capacidad, independencia y autoridad profesional", manifestó la entidad.

"Nos preocupa especialmente que estas expresiones circulen en redes sociales, donde la desinformación y la violencia digital pueden amplificar la estigmatización y generar riesgos para la seguridad de las mujeres que ejercen funciones públicas", añadió.

Además, recordó que la violencia digital no es un fenómeno confinado al entorno virtual: "Produce efectos reales en la vida, el trabajo y la salud de quienes la padecen, y con frecuencia constituye la antesala de agresiones que se trasladan al plano físico".

"Quienes ejercen cargos de representación política tienen una responsabilidad especial frente a la calidad del debate público. La investidura de un congresista otorga visibilidad y alcance a sus pronunciamientos, por lo que exige una mayor responsabilidad con el rigor de la información que difunde", aseguró. 

*Con información de Defensoría del Pueblo