La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno nacional para que acelere y cumpla con el Acuerdo de Paz con enfoque de género, firmado en el 2016.

Señaló que la materialización de este componente es esencial para “construir una paz sostenible y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos en Colombia”.

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Sostuvo que, de acuerdo con los informes de seguimiento, se logró verificar que si bien se ha avanzado aún hay deudas significativas en esta etapa. Indicó que se evidencias rezagos en la incorporación del enfoque de género.

“De las 130 disposiciones relacionadas, más del 50% aún está en etapas mínimas de puesta en funcionamiento. Este panorama es alarmante porque no solo retrasa la consolidación de la paz, sino que perpetúa barreras históricas para mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ en el país”, argumentó Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo.

La entidad defensora de derechos humanos expuso las principales barreras en el proceso, así como las recomendaciones al Gobierno con la finalidad de avanzar.

El texto señala que hay acceso muy limitado a la tierra para mujeres rurales.

“Con solo un 13,98% de avance en la entrega de hectáreas a mujeres rurales, es urgente dinamizar los programas del Fondo de Tierras y actualizar la Ley 731 de 2002 para que se pueda responder a los desafíos actuales de la ruralidad y los compromisos del Acuerdo”, apuntó la Defensoría.

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Por otra parte, señaló que la baja representación femenina en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) refleja la necesidad de fortalecer el financiamiento de campañas políticas y garantizar medidas de protección frente a la violencia de género en el ámbito político.

“La representación política en las oportunidades que brindó el Acuerdo de Paz es alarmantemente baja: de 16 escaños disponibles en las llamadas curules de paz del Congreso, solo tres fueron ocupados por mujeres, a pesar de un número sustancial de candidatas”, manifestó Iris Marín Ortiz.

En esa misma línea, sostuvo que es fundamental priorizar las medidas de reparación para mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ víctimas de violencias de género, sexual y reproductiva.

“La formulación y financiación de proyectos restaurativos por parte del Gobierno y la JEP, que permitan atender los daños por los hechos de violencia de género acaecidos en el conflicto armado, son urgentes, no se pueden dejar de últimos en la lista. Así mismo, la ruta para su reparación administrativa en el marco de la reciente reforma a la Ley de Víctimas debe concretarse urgentemente por parte de la JEP y la Unidad para las Víctimas”, indicó la Defensora del Pueblo.

En el marco de seguridad para mujeres lideresas y firmantes de paz, precisó que es necesario implementar de manera efectiva el Programa Integral de Reincorporación y el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras diseñados con enfoque de género para garantizar su protección y participación en la construcción de la paz.

De igual manera, señaló la alta funcionaria que se requieren recursos específicos en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) y en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), con el propósito -según dijo- de fortalecer las rutas de prevención, atención y protección para las mujeres y lideresas sociales.

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La Defensora del Pueblo advierte que no se están tomando las medidas necesarias para garantizar y respetar los derechos individuales y colectivos de las mujeres de los grupos étnicos.

“Deben ser puestas en marcha medidas afirmativas que promuevan y garanticen la participación de las mujeres étnicas en condiciones de seguridad suficientes. Para esto, el Estado colombiano debe tener en cuenta el impacto desproporcionado y diferenciado de estas violencias en las mujeres con pertenencia étnica y en sus comunidades, que además enfrentan obstáculos particulares para su participación efectiva en los procesos y para la concertación de programas y políticas que requieren de medidas especiales”, instó Iris Marín Ortiz.

Por otra parte, manifestó que la actualización y modificación de los indicadores en el Plan Marco de Implementación y la reactivación de esta instancia son oportunidades cruciales para saldar la deuda histórica con las mujeres y personas LGBTIQ+.

“Acelerar la implementación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz no da más espera. Por eso insistimos en nuestro compromiso y llamado a la construcción de una paz que priorice las deudas históricas con las mujeres y personas LGBTIQ+ que han sido víctimas del conflicto armado interno, para garantizar que la equidad de género sea una realidad”, finalizó la Defensora del Pueblo.