A través de un comunicado de prensa, la Defensoría del Pueblo, resaltó que con su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha podido observar que hasta el momento la guerrilla de las FARC ha cumplido con el cese al fuego unilateral, que ya completó ocho meses.

Según el monitoreo que realiza la Entidad defensora de los derechos humanos, durante este periodo no se registraron hostigamientos, ni ataques armados contra estaciones de Policía y guarniciones militares, como tampoco atentados contra la infraestructura petrolera, vial y eléctrica del país.

Ello, destaca el informe del SAT, ha contribuido al desescalamiento del conflicto armado interno, en una muy buena parte del país.

Sin embargo, durante el último mes de la tregua unilateral, la Defensoría ha identificado varios hechos que afectan los derechos humanos de la población civil y que tienen como presunta responsable a la guerrilla de las FARC.

El SAT de la Defensoría identificó acciones orientadas al control territorial y social en las zonas de presencia histórica de las FARC, especialmente en las áreas rurales alejadas de los cascos urbanos en donde esta guerrilla establece patrones de conducta a la población civil y configura relaciones de poder a partir de las amenazas, extorsiones e intervenciones arbitrarias en los procesos sociales y políticos.

Se destaca en el informe de la Defensoría que las comunidades indígenas son las que sufren con mayor rigor el impacto de las actividades de las FARC, a través de las amenazas y el desplazamiento forzado.

De otro lado, en la segunda semana del mes de marzo, las autoridades locales y los docentes de San Vicente del Caguán (Caquetá) denunciaron el recrudecimiento de las extorsiones en el municipio por presuntos milicianos de las FARC.

De acuerdo con las versiones de los afectados, desde diciembre de 2015, las extorsiones empezaron con los profesores de la zona rural de San Vicente, pero se han extendido a la zona urbana donde difunden panfletos presionando a funcionarios públicos y docentes a pagarlas. Vale recordar que el alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez, en el mes de febrero envió una carta al Presidente de la República, en la cual solicitaba fortalecer las estrategias contra este delito.

Por último, la Defensoría destaca el cumplimiento de la misión constitucional por parte de la Fuerza Pública, en siete grandes acciones durante el último mes (ver tabla) para la ubicación, neutralización y destrucción de artefactos explosivos en campos minados, ubicación de escondites y depósitos de material de guerra de las FARC. De la misma forma, no reportó bombardeos ejecutados por la Fuerza Pública.