La Defensoría del Pueblo llamó la atención sobre el vacío o la falta de regulación que existe en las leyes colombianas de la venta de los dispositivos electrónicos para el consumo de nicotina, también conocidos como ‘cigarrillos electrónicos’.

En el  ‘Informe de seguimiento al cumplimiento del convenio marco de la OMS para el Control del tabaco en Colombia’,  establece que a pesar de la expedición de la Ley 1335 de 2009, el país no "avanza en materia de los avisos presentes en el etiquetado y empaquetado, así como en la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio".

La Defensoría pidió que se aprueben las iniciativas legislativas que buscan ampliar las advertencias de salud en los empaques de productos de tabaco para que ocupen un 80% del mismo. Y espera una decisión del Consejo de Estado para prohibir la exhibición de esos productos en puntos de venta.

“Es de gran importancia que el Estado colombiano adopte las leyes necesarias para aumentar los impuestos sobre los productos de tabaco y sus derivados. Colombia es uno de los países latinoamericanos con la tasa más baja de impuestos a estos productos, a pesar de que ha sido demostrado empíricamente que es la medida más efectiva para reducir el consumo de tabaco y mejorar sustancialmente la salud pública en las ciudades”, se indica en el informe.

Por último, la Defensoría resalta la implementación normativa del Convenio Marco lograda por el Estado colombiano; pero advierte que no hay una política pública de control de tabaco eficiente y que, al contrario, “existe una sobrecarga de funciones en cabeza del Ministerio de Salud que deberían ser ejecutadas de manera articulada con otras entidades”.

Por eso, para luchar contra el contrabando debería existir una articulación entre el Ministerio de Salud; la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, y la DIAN y, en general, que se cree un sistema de información común cuando se tomen decisiones referentes al control del tabaco.