La Defensoría del Pueblo, con su Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana, Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales y Regional Nariño, realizó en Pasto una mesa de trabajo con líderes migrantes y funcionarios de la Secretaría de Salud de Nariño, en la que fueron socializadas las problemáticas para el acceso a derechos de la población migrante y caminante en tránsito.

En la vía Panamericana, corredor utilizado por los migrantes, la entidad garante de los derechos humanos encontró que hay ocho municipios nariñenses (Taminango, Chachagüí, Pasto, Tangua, Contadero, Iles, Imués e Ipiales), pero tres de ellos (Taminango, Pasto e Ipiales) no cuentan con un escenario interinstitucional creado para la gestión de la migración internacional.

“Ninguna de estas poblaciones cuenta con cifras consolidadas sobre migrantes, refugiados y connacionales retornados, tanto de tránsito como con vocación de permanencia. Los datos que tienen, refieren algunos casos puntuales en lo relacionado con la vinculación a la seguridad social en salud”, manifestó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis. 

Atención a NNA y educación

La atención de niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes está desbordada. No obstante y según un reporte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), desde el 2021 hasta la fecha habría atendido únicamente a seis NNA caminantes y migrantes en tránsito en su Centro Zonal de Taminango.

Adicionalmente, fueron reportados bajos niveles educativos y altos niveles de ausencia y desescolarización de NNA; la razón, la precariedad económica de sus familias, la desestabilización y la constante migración.

Dificultades presupuestales

Los ocho municipios indicaron no contar con capacidad de respuesta para la atención de la población migrante en tránsito y con vocación de permanencia. 

“Sus dificultades pasan por lo presupuestal y la capacidad técnica del recurso humano, especialmente en la disponibilidad de albergues, seguridad alimentaria, saneamiento, higiene, acceso al agua potable, entre otros servicios de asistencia humanitaria”, dijo Carlos Camargo Assis. 

En Taminango, además, la presión sobre la respuesta institucional es mayor en lo que tiene que ver con la ubicación del municipio, con entrada y salida del departamento, y a su vez con ingreso a las poblaciones de cordillera, donde el conflicto armado convierte al casco urbano en receptor de población víctima y población migrante con necesidad de protección internacional.

Problemas de distinta naturaleza

La convivencia entre población migrante y comunidades de acogida también ha presentado dificultades.  En Taminango y Chachagüí hay contaminación por aumento y mal manejo de las basuras y la realización de necesidades fisiológicas a campo abierto, lo cual genera el rechazo y disgusto de las comunidades y los turistas.

Hay percepción del incremento en hurtos, daños a propiedades e incendios por fogatas, situación que ha dado lugar a la exacerbación de posturas y actitudes xenófobas y discriminatorias, que en muchos casos resultan en acciones violentas. Ha habido también riñas, presunto robo de mascotas, amenazas en contra de las comunidades de tránsito.

El consumo de sustancias psicoactivas y los vacíos de respuesta institucional, ligado al escenario de permanencia y situación de calle en la que terminan algunos migrantes, además de ello, la mendicidad y el trabajo infantil, fueron otras de las problemáticas identificadas.

“Con nuestras Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana y Regional Nariño elaboraremos un diagnóstico para presentarlo en la próxima sesión ordinaria de la Mesa Departamental de Migraciones. Estamos, igualmente, evaluando la posibilidad de interponer acciones constitucionales para que la población migrante sea protegida como lo ordena la normativa colombiana”, recalcó el Defensor del Pueblo.