Defensoría advierte riesgos por suspensión de órdenes de captura de cabecillas del 'Clan del Golfo'
Cuestionó la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal.
La Defensoría del Pueblo advirtió este lunes cuatro riesgos por la suspensión de las órdenes de captura de los cabecillas del 'Clan del Golfo' y la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal, ordenada por el Presidente de la República, Gustavo Petro.
La Defensora Iris Marín afirmó que, en primer lugar, se avanza en este proceso de paz "sin tener en cuenta los derechos de las víctimas".
"No hay acuerdos mínimos sobre cómo se garantizarán los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El Estado colombiano tiene obligaciones constitucionales e internacionales de investigar de oficio graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra", expresó.
"La falta de claridad sobre estos asuntos genera riesgos de impunidad, afecta los derechos de las víctimas y puede incentivar escenarios de rearme o incumplimiento. Por ahora solo se advierte la suspensión de la justicia, no su activación", agregó.
Además, según la alta funcionaria, se generan expectativas para los grupos en un contexto de riesgo electoral y de transición de gobierno.
"Aunque las condiciones para el desarme y la desmovilización estuvieran próximas, es improbable que el desarme se dé antes del 7 de agosto. La decisión de implementar las ZUT acelera el ritmo, genera expectativas para los combatientes de los grupos en medio de cierta incertidumbre y aviva debate en un contexto electoral en el que los grupos armados tienen gobernanza y capacidad de afectar la libertad de los electores", manifestó.
"Los grupos en procesos de paz se comprometieron a respetar la libertad en los procesos electorales, sin embargo, se ha evidenciado una brecha entre los anuncios públicos y la realidad de su actuación", añadió.
Por otro lado, Marín advierte que persisten riesgos de seguridad para las comunidades y para quienes eventualmente se concentren en las ZUT.
"Dado que la concentración se ha previsto como gradual, entonces unos miembros del grupo conservarán las armas fuera de la ZUT, otros entrarán en la ZUT y, si se acuerdan protocolos concretos, no estarán armados allí", explicó.
"Solo se conocen acuerdos y avances materiales con protocolos sobre disposición de armas, monitoreo y garantías de protección con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, CNEB. Algunas de las ZUT están previstas, además, en territorios con confrontación armada activa, como Tibú- Norte de Santander; o deterioros recientes de seguridad, como Mallama, en Nariño; o con fuerte influencia del Clan del Golfo, como Tierralta en Córdoba", agregó.
También, según la Defensora, existe riesgo de afectación de los derechos de pueblos étnicos potencialmente impactados por las ZUT.
"Hasta el momento se ha realizado la consulta previa en la zona de Mallama, Nariño, en relación con la ZUT del Frente Comuneros del Sur. Sin embargo, en territorios como Tibú en el proceso con el EMBF tiene importante presencia de población indígena. Igual ocurre en Roberto Payán en el proceso con la CNEB, y en Belén de Bajirá y Unguía en el proceso con el 'Clan del Golfo'", argumentó.
Además, explicó que del análisis sobre el derecho a la consulta, los derechos al gobierno propio y al respecto de sus formas de vida "no pueden entenderse como requisitos meramente formales, sino como garantías sustanciales para la protección de los derechos colectivos de estas comunidades".
Con este panorama, la Defensoría del Pueblo insta al Presidente de la República, Gustavo Petro, a motivar adecuadamente sus decisiones y a mitigar estos riesgos antes de avanzar en los traslados y concentración en las ZUT.
"La construcción de paz exige decisiones excepcionales sometidas al Estado de Derecho, controles institucionales efectivos y garantías verificables para la población civil", finalizó.
En los últimos días se ha dado un debate público sobre la instalación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) y la suspensión temporal de órdenes de captura para el traslado y permanencia en ellas de integrantes de grupos armados organizados parte del conflicto armado.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) May 19, 2026
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