Una vez publicado el Decreto 1640 de 2023 sobre la suspensión de las operaciones ofensivas (a partir de las cero horas de este 10 de octubre hasta las 24 horas del 16 del mismo mes), con el cual el Gobierno Nacional ordena detener las operaciones de la fuerza pública contra el Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las FARC liderada por ‘Iván Mordisco’, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, advierte sobre dos situaciones prioritarias en la búsqueda de la paz con ese grupo armado ilegal.

Luego de valorar que el Gobierno adelante iniciativas cuyo fin es propender por acabar con la violencia y, en consecuencia, dar pasos sólidos para la consolidación de la paz en el territorio nacional, y así lo ha expresado la Defensoría del Pueblo en múltiples oportunidades, Camargo Assis señala que su primera preocupación radica sobre la garantía que debe tener la fuerza pública para que cumpla su mandato constitucional sin excepciones.

“Ningún espacio debe estar vetado para los miembros de la fuerza pública, quienes deben mantener el orden y la seguridad en beneficio de todas las personas que habitan el territorio nacional”, dijo Carlos Camargo Assis.

La segunda preocupación del Defensor del Pueblo está relacionada con el foco que se debe tener frente a la garantía de los derechos. En la actualidad, la violencia que afecta a las comunidades se presenta, principalmente, por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se disputan los territorios, el control social y las economías ilegales.

“Así lo hemos identificado en las diferentes Alertas Tempranas que emitimos desde la entidad. La prioridad en un cese al fuego debe ser la de garantizar los derechos de la población civil”, resalta el Defensor del Pueblo.

La vulneración de derechos ha quedado en evidencia en las alertas y tempranas, que dan cuenta de que hay siembra de minas antipersonal, amenazas contra la población, homicidios contra líderes sociales, comunitarios y personas defensoras de derechos humanos, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Esta última vulneración genera preocupación en zonas con amplia presencia y control de las disidencias de las FARC, particularmente en los departamentos del Cauca y Nariño.

A esas afectaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario se suman los continuos desplazamientos y confinamientos a los que se ven sometidas las comunidades, de manera especial, los consejos comunitarios y los pueblos indígenas.

“Es absurdo que los grupos armados hablen de hacer la paz y sus acciones son muestras de guerra. Desde hace varios meses, cuando el Gobierno Nacional inició con su proceso de paz total, desde la Defensoría del Pueblo hemos insistido en la necesidad de contar con verdaderos gestos de paz de los grupos armados al margen de la ley y la realidad es otra: no está sucediendo en los territorios. Súbanse al bus de los hechos concretos para que la más beneficiada sea la población colombiana”, recalcó Carlos Camargo Assis.

*Con información de Defensoría del Pueblo