El Gobierno nacional, a través del decreto 0799 de 2025, busca eliminar la exclusividad del Consejo de Estado para revisar acciones de tutela interpuestas contra el Presidente de la República.

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La medida, firmada por el Presidente Gustavo Petro, permitirá que las tutelas en contra del primer mandatario puedan ser conocidas por jueces del circuito o de igual categoría según corresponda.

El objetivo, según el decreto, es garantizar mayor acceso a la justicia, reforzar la imparcialidad estructural del sistema judicial y evitar posibles conflictos de interés o causales de impedimento.

“La nueva regla de reparto reconoce que el Presidente, como cualquier otra autoridad nacional, puede ser objeto de control judicial por vía de tutela bajo los mismos criterios de distribución aplicables a otros funcionarios”, señala el texto del decreto.

Se enfatiza en el documento que esta medida no afecta la facultad de la Corte Constitucional para seleccionar y revisar las tutelas que estime de relevancia.

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“Que la regla de reparto que se propone no excluye ni limita el control constitucional de la Corte Constitucional ni restringe el acceso a la justicia, dado que la acción de tutela continúa siendo ejercible en todo momento y lugar, conforme al artículo 86 de la Constitución, y su reparto se mantiene dentro del marco de jueces ya competentes conforme a los factores territoriales y subjetivos reconocidos por el ordenamiento jurídico”, se expone en el acto administrativo.

Según lo expresa el decreto, la decisión también responde a reiteradas observaciones de la Corte Constitucional, en la sentencia T-1034 de 2006, sobre la necesidad de evitar que una misma corporación judicial conozca de un caso en doble instancia, lo cual podría comprometer la imparcialidad objetiva del juzgador.

De acuerdo con el Gobierno, la medida busca fortalecer el acceso efectivo a la justicia sin restringir el derecho a la tutela ni los mecanismos de control constitucional ya establecidos.