Por José Granados Fernández
Twitter: @JoseGranadosF

Declarar desierta la Convocatoria 001 de 2019, que tenía como objetivo escoger un operador especializado para el Hospital Cari de Alta Complejidad, fue “una maniobra orientada a desconocer” todas y cada una de las advertencias de la Procuraduría para, de manera inmediata, facilitar la firma de un contrato directo, como terminó haciéndolo el gerente Ulahy Beltrán López, a escondidas, en la penumbra del pasado 27 de diciembre.

“Para esta delegada resulta claro que la actividad desplegada por usted, para lograr la suscripción del contrato de manera directa, habría desconocido flagrantemente las advertencias y observaciones efectuadas y, por el contrario, podría haber existido una posible desviación de poder y carencia de fundamento legal al acudir a un proceso de contratación directa, desconociendo las previsiones del ordenamiento jurídico vigente”, afirma el procurador delegado Gelman Rodríguez en comunicación que envió, el 10 de enero, a Beltrán López.

Emisora Atlántico y Zona Cero.com conocieron que la categórica conclusión del Ministerio Público está contenida en el documento que conmina al gerente a terminar anticipada y unilateralmente el cuestionado contrato que, por $12.076 millones mensuales durante 15 años, equivalente a $2,17 billones, firmó con el consorcio Gestor Hospitalario del Caribe constituido el 23 de diciembre, apenas cuatro días antes de ser escogido como único proponente invitado a dicho proceso.

Tras advertir irregularidades que habrían violado principios constitucionales y contractuales, tales como son los de planeación, legalidad, selección objetiva y transparencia, el procurador Rodríguez decidió trasladar el caso a la Fiscalía y a la Contraloría General para que investiguen si hubo “interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, omisión de control en el sector de la salud y responsabilidad penal de las personas jurídicas (es decir el consorcio) que hayan buscado beneficiarse de la comisión de delitos contra la administración pública”.

Pese a que Beltrán ha alegado que tenía facultades para contratar de manera directa al Gestor Hospitalario del Caribe, el Procurador Delegado enfatiza, por el contrario, que el gerente “no contaba con la autorización obligatoria” de su Junta Directiva, que terminó oponiéndose a todo este proceso; es decir, “no estaba dotado” de la capacidad legal necesaria para comprometer al hospital.

¿Por qué afirma el Ministerio Público que Ulahy Beltrán no podía llevar a cabo este multimillonario contrato? Sostiene, en un primer argumento, que el Artículo 15 del Estatuto de Contratación del Cari señala que “cuando se trate de iniciar procesos de contratación cuya cuantía supere los 5.000 SMLV (Salarios Mensuales Legales Vigentes) el gerente del HU CARI E.S.E. requerirá previamente de la aprobación de la Junta Directiva”.

A precios del año pasado, 5.000 SMLV ascendían a $4.140 millones y el contrato fue firmado por $12.076 millones mensuales.

Un segundo argumento del Ministerio Público es que, independientemente de que se diga que lo firmado fue un Contrato de Operación, Ulahy Beltrán lo que otorgó fue una concesión, por lo que habría “desconocido la modificación del Estatuto de Contratación”, a través del Acuerdo 157 del 22 de julio de 2017, que estableció que “se requerirá de autorización previa y por escrito” de la Junta Directiva para suscribir, modificar, prorrogar o liquidar contratos o suscribir conciliaciones o transacciones cuando, entre otros negocios jurídicos, se trate de concesiones.

Con base en documentos recibidos de la Gerencia del Cari y otros publicados en el portal de contratación Secop, el procurador Gelman Rodríguez enfatiza que el gerente Ulahy Beltrán tampoco obtuvo autorización de la Junta Directiva para este tipo de contratos, porque el 16 de agosto de 2019, a través del Acta 224, lo que le autorizaron fue adelantar una Convocatoria Pública para seleccionar un operador y no contratar, y menos de manera directa, a un tercero para que se encargue del arruinado centro hospitalario.

La pregunta que surge en todo este panorama de irregularidades es ¿qué hará el Ministerio Público si el gerente Ulahy Beltrán insiste en continuar con el cuestionado contrato y omite declarar la nulidad que le fue ordenada?