La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, cuestionó la agenda política que se está llevando a cabo desde un sector político, y el beneplácito del Gobierno nacional, en torno a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y su funcionamiento en el país.

Aseguró que garantizar el funcionamiento adecuado de la JEP es una “obligación constitucional”.

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Estas declaraciones se desprenden luego de conocer la propuesta del senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, de reducir el presupuesto del tribunal de paz.

El congresista propuso trasladar $100 mil millones del presupuesto de funcionamiento de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura.

La propuesta, apoyada en un mensaje del Presidente Abelardo De La Espriella, de acuerdo con la JEP, afectaría de forma directa el cumplimiento de las funciones constitucionales del organismo de justicia transicional.

El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, aseguró que “existe una estrategia para impedir su funcionamiento”.

En ese sentido, la defensora del Pueblo destacó las diferentes sentencias y actos administrativos que obligan a cumplir a cabalidad con el Acuerdo de Paz.

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Mencionó que el Acto Legislativo 01 de 2017 da vida a la JEP como una garantía de los derechos de las víctimas y de seguridad jurídica para los firmantes de paz.

En cuanto al Acto Legislativo 02 de 2017, dijo Marín, mantiene la obligación de cumplir de buena fe el Acuerdo Final de Paz.

Señaló, además, que la obligación de cumplir el Acuerdo de Paz tiene implicaciones inclusive presupuestales, como lo establecieron el Acto Legislativo 01 de 2016 y 04 de 2017.

“La decisión política de oponerse a la JEP no puede estar por encima de la Constitución. Gobierno y Congreso, como todas las instituciones del Estado, tienen el deber de habilitar, de buena fe, las condiciones para que la JEP pueda operar”, puntualizó la Defensora del Pueblo.