El tan esperado debate sobre el fantasma del apagón y la inequitativas tarifas de energía y gas, en detrimento de los usuarios de la Costa Caribe, terminó en un fracaso total.

Las respuestas del Ministro de Minas, Tomás González, y de los delegados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), dejaron insatisfechos tanto a congresistas como a los mismos usuarios.

Lo que sí dejaron en claro el Ministro y la Creg es que nada está claro en cuanto a un eventual apagón y la posibilidad de una revisión de las fórmulas tarifarias de energía y gas.

Por esto, el senador Efrain Cepeda Sarabia no solo se declaró insatisfecho por las respuestas de la Creg en torno al tema tarifario sino que, además, pidió aplicar la ley respecto a las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos en el sistema energético.

Por su parte, el senador Jorge Robledo cuestionó la gestión de la Creg asegurando que las fórmulas para tarifas de los servicios de energía no las entienden ni los mismos funcionarios de esa comisión reguladora.

Sin embargo, el debate sirvió para destapar una verdadera “olla podrida”, que anticipadamente puso al descubierto la Contraloría General de la República cuando públicamente exigió explicaciones sobre el destino de  los $14 billones que han recibido los generadores por concepto del denominado “cargo por confiabilidad”.

Al respecto, el vicepresidente del Senado Alexander López Maya  pidió que "se investigue al cartel de los generadores de energía, especialmente la térmica", señalando que las

termoeléctricas asumen $7.5 billones por utilidad “y fue por el cargo de confiabilidad”.

López Maya dijo que los colombianos no pueden asumir las pérdidas por los errores del Gobierno y la Creg en el sector eléctrico, tal como se ha planteado con el próximo reajuste tarifario.

A su turno, el senador Juan Diego Gómez señaló que se debe castigar la ineficiencia de las plantas térmicas por las irregularidades en el manejo del cargo por confiabilidad.

El senador Iván Duque también fustigó la labor de la Creg asegurando que esta comisión no debe pasar impune sobre la responsabilidad que ha tenido en el problema energético.

En el senado también se cuestionó la política eléctrica. El senador Guillermo García advirtió que no se debe seguir generando asimetrías entre las regiones en proyectos de generación eléctrica, mientras que el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, criticó el hecho de que siendo el Pacífico la región más lluviosa del país, no se ha construido una hidroeléctrica para garantizarle un adecuado servicio.

Por todas estas situaciones, el senador Iván Duque pidió la responsabilidad política por la crisis energética, agregando que las medidas de la Creg estaban favoreciendo a alguien y aumentando la crisis del sector.

Por otra parte, la senadora Sofía Gaviria Correa afirmó que la crisis de energía sirve para que el gobierno entienda que no debe vender Isagen.

Precisamente, un grupo de 38 congresistas de diferentes partidos radicaron el proyecto de Ley Isagen, que tiene como objetivo recuperar la veeduría y control que debe hacer el Congreso de la República a cualquier iniciativa de venta de patrimonio público, como es el caso de la venta de dicha empresa, una de las generadoras de energía más importantes del país.

El proyecto de Ley contempla la modificación de la Ley 226 de 1995 que actualmente deja sin competencia al Congreso de la República para tomar decisiones en materia de celebración de contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes nacionales. Además, exige que cualquier venta de activos públicos requiera un estudio previo que muestre el impacto ambiental, financiero y económico del país.

Al justificar la iniciativa, el senador Jorge Prieto precisó que “los colombianos pagamos a una empresa un cargo por confiabilidad que es una remuneración por tener listas y disponibles las plantas de generación en casos de emergencia, es decir, se comprometen a garantizar la prestación del servicio. Sin embargo, este "seguro de vida", como lo define la Creg y Acolgen, no apareció y la solución del Gobierno fue el alza de tarifas para los usuarios".

En el caso de la Costa Caribe quedó demostrado que el Congreso de la República no es el escenario ideal para solucionar el problema y que ni el Ministro de Minas ni la Creg tienen el voltaje ni la más mínima intención de resolver la situación.

Todo queda ahora en manos del Presidente Juan Manuel Santos, quien tiene una enorme deuda con la Región Caribe que prácticamente lo sentó en la Casa de Nariño.